Gatillo fácil a un bebé: el policía sigue libre y no cambió sus prácticas

Santino Cabanilla tuvo una vida breve: no llegó a cumplir los dos años. El 22 de enero de 2016, alrededor de las nueve de la noche, en el barrio Marqués Anexo, de la periferia de Córdoba, una bala atravesó su pecho. Hacía calor y el padre de Santino había salido a fumar un cigarrillo a la vereda. El bebé lo siguió y la fatalidad quiso que en ese momento dos policías cruzaran la calle persiguiendo y disparando contra dos adolescentes que corrían más adelante. Santino murió en los brazos de su padre.

Al principio se impuso la versión de los policías y los menores fueron acusados por el crimen (aún cuando los testigos dijeron que las únicas armas que vieron fueron las de los uniformados), pero luego las pericias determinaron que el disparo había salido de la pistola de uno de los agentes, que finalmente fue imputado y detenido.

Sin embargo, en julio de este año, una jueza decidió que no había motivos para mantenerlo en la cárcel y lo liberó, convirtiendo a la temprana muerte de Santino en un caso más de gatillo fácil e impune.

Esa noche la suerte de Santino comenzó a estropearse cuando dos adolescentes, de 16 y 17 años, a bordo de una moto que estaba denunciada como robada, quisieron eludir un control policial sobre la calle Cornelio Saavedra, uno de los accesos principales al barrio Marqués. Los menores se bajaron de la moto y empezaron a correr. El subinspector Guillermo Torres y el cabo Matías Venecia fueron tras ellos. Hoy, gracias a los análisis de la Policía Científica, se sabe que Torres realizó al menos dos disparos. Uno hundió el tórax de Santino. El otro se alojó en el pie de uno de los menores, una circunstancia que más tarde resultaría decisiva para conocer la verdad.

El fiscal Gustavo Dalma ignoró el testimonio de los testigos, incluyendo el de los padres de Santino, convalidó la versión policial –la de un enfrentamiento– y decidió la detención de los menores. Uno de ellos fue derivado al centro de menores Complejo Esperanza donde, ocho meses después, le lograron extraer la bala que tenía incrustada en el pie. Las pericias concluyeron que se trataba de un proyectil calibre 9 mm, contrariamente a lo sostenido por los policías, quienes habían instalado que el único autor de los disparos había sido el otro adolescente. El análisis de la nueva prueba coincidió con la esquirla que se secuestró cerca de la casa de Santino. La conclusión fue que la bala había sido disparada por el arma reglamentaria del subinspector Torres.

Recién el 11 de octubre del año pasado, otro fiscal, Carlos Matheu, detuvo a Torres por los presuntos delitos de “homicidio agravado por uso de arma de fuego y por ser cometido por un servidor público en ejercicio de su función” y por “abuso de arma agravado”. El otro policía, en tanto, también fue imputado por homicidio agravado por exceso en su función pero no se decidió su detención.

«No confío en la Policía de Córdoba porque taparon un delito grave como matar a un bebé de un año y nueve meses y encima quisieron culpar a dos perejiles. Espero que al fin los verdaderos responsables respondan por la muerte de mi hijo”, declaró entonces Federico Cabanilla, todavía esperanzado por el giro que había dado la causa.

Pero el optimismo duró poco. En julio de este año la titular del Juzgado de control Nº 4 Anahí Hampartzounian liberó a Torres por falta de mérito. El fiscal Matheu apeló la medida y la causa, a casi dos años del hecho, espera resolución.

“A mi hijo –reflexiona Federico– lo mataron porque para los policías de Córdoba los pibes de los barrios son la peor mierda. Ellos no pueden salir a perseguir y disparar así. Quiero que no haya más Santinos”.

Torres, en otro caso de abuso policial

A los pocos días de ser imputado por el crimen de Santino, el subinspector Torres quedó implicado en otro hecho de abuso policial. El abogado Carlos Nayi, que representa a la familia Cabanilla, presentó a la justicia un video en el que se ve a dos policías a bordo de un patrullero persiguiendo a dos chicos que, después se supo, tenían 13 y 14 años. La cinta muestra que los agentes hacen correr a los jóvenes abrazados durante varias cuadras, mientras tocan la bocina y amagan con atropellarlos. En un tramo de la filmación se escucha un disparo –se cree que realizado al aire– y a uno de los policías lamentándose por no llevar consigo una escopeta para dispararles.

La fiscal Jorgelina Gutiez determinó que el “baile” a los dos chicos habría ocurrido el 8 de septiembre de 2016 cuando los menores volvían a sus casas después de haber estado jugando a la Play Station en otra vivienda. El oficial Torres estaba a cargo de esa patrulla policial.