Gatillo fácil: en el 80% de los asesinatos, los policías estaban fuera de servicio

Se llamaba Cristian Toledo Medina, pero para todos era «el Paragüita». El barrio –la familia, los amigos, los vecinos que compraban en la ferretería donde atendía– lo despidió en el club Juventud Unida, sobre el 3200 de la Avenida Iriarte, de Barracas. A Paragüita lo mató el bombero de la Policía de la Ciudad Adrián Otero porque, dijo el oficial, se defendió de un intento de robo de su auto. Hasta el momento, lo que se probó es que Otero persiguió a Paragüita y dos amigos durante cinco cuadras, y que la única arma en la escena fue la suya. Paragüita, culpable de haber golpeado el auto del efectivo, tenía 25 años.

Se llamaba Rodrigo Alejandro Correa y tenía apenas 14 años cuando el plomo disparado por el subteniente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Hugo Daniel Pos, lo volteó en una calle de Billinghurst. La autopsia a «Rodri» confirmó que la bala entró por la nuca y se le alojó en el cráneo. Otros dos jóvenes, de 16 y 14 años, fueron trasladados al Hospital Castex porque tuvieron más suerte: resultaron heridos en las piernas y en el abdomen. Pos, miembro del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), recitó de memoria el argumento expiatorio de la defensa legítima, pero lo único secuestrado por la Justicia de San Martín fue su pistola reglamentaria, con el cargador vacío.

Paragüita y Rodri son las víctimas de la última semana por el uso letal de la fuerza del Estado. Una costumbre peligrosa que en el último tiempo se potenció. Según las estadísticas de la Comisión por la Memoria (CPM), solo en 2016 murieron 110 personas a manos de efectivos de la fuerza de seguridad y policiales en territorio bonaerense, de los cuales el 61% se encontraba fuera de servicio al momento de los hechos. 

Del otro lado de la General Paz las cifras también son alarmantes. Entre enero y abril de 2017, efectivos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad asesinaron a 12 personas: diez ocurrieron en circunstancias donde los agentes se encontraban fuera de servicio.

Los números dan cuenta de una práctica frecuente de la violencia policial. Durante los últimos cinco años, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, la cantidad de personas que fueron asesinadas por policías que estaban fuera de servicio superó a las muertes provocadas por efectivos en horario de trabajo.

Esta tendencia preocupante llegó al punto máximo en 2017: entre enero y abril casi el 80% de las víctimas murieron a manos de un agente que estaba de franco o en su rato libre.

Un problema histórico 

Luego de conocerse los asesinatos de Rodri y Paragüita, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundió un documento donde alertó que «todavía no existen protocolos o guías de actuación que establezcan con claridad modos de proceder que respeten los Derechos Humanos». Y agregó que «con estas formas, prevalecen las decisiones individuales que toman los funcionarios policiales en el momento de los hechos».

«El uso de la fuerza por parte de policías que se encuentran fuera de servicio –continuó el escrito– es un problema histórico y persistente que las autoridades políticas siguen sin asumir como tal.»

El asesinato de Paragüita renovó, además, la discusión sobre el hecho de que los bomberos porten armas de fuego. En ese sentido, la Ley 5688 que refiere sobre el Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad, no establece esa facultad, salvo en bomberos de la Policía Federal que sí cuentan con el estado policial. Un detalle que fue ratificado con su traspaso a la nueva Policía de la Ciudad.

Desde el CELS explican que «esto genera que una parte de los efectivos, como es el caso de Adrián Otero, porten armas de fuego cuando el mismo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconoce que no las precisan para el ejercicio de sus funciones.»

Por su parte, la CPM advirtió que «el contexto de creciente violencia policial es consecuencia de una política criminal basada en el control y la saturación territorial que asume a la represión estatal como respuesta natural de la problemática del delito». 

«Los casos recientes –apuntó el organismo bonaerense– son la consecuencia de una política criminal que bajo la demagogia punitiva solo ha generado mejores condiciones para que se extiendan las prácticas violentas y arbitrarias de los agentes de seguridad en los territorios, haciendo de los jóvenes pobres su blanco principal”. 

Portación de cara

De acuerdo a los informes elaborados por la Comisión Provincial de la Memoria, el 70% de las víctimas tenían menos de 30 años. De ese universo, casi un 20% eran niños y adolescentes. Respecto de los motivos por los cuales se produjo la intervención policial, el 73% estuvo asociado con la defensa de bienes. De este número, el 51% se trató de bienes pertenecientes a efectivos policiales, y un 22% a bienes de terceras personas. 

«Se está viviendo una época muy jodida en los barrios. A los pibes todo el tiempo los cachean, los ponen contra la pared, volvimos a los tiempos de la portación de cara», se queja Cristian Heredia, presidente de la Junta Vecinal de la Villa 21–24, quien el viernes marchó junto a los vecinos con velas y antorchas hasta el Ministerio de Seguridad para pedir justicia por Paragüita.

A fines del año pasado se publicó el último informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) que dio cuenta de que desde la llegada de Cambiemos al gobierno hasta los primeros días de noviembre de 2016 (es decir, en menos de un año de gestión) se registraron 259 muertes por violencia institucional, entre casos de gatillo fácil, fallecimientos de personas detenidas y desapariciones forzadas. Si la cifra impresiona, su promedio es aun más aterrador: un muerto cada 25 horas. «