General Alvear, una ciudad movilizada contra el fracking

En la explanada de la Casa de Gobierno de Mendoza, Julián Matamala, secretario general del sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado y Químico de Cuyo, lanzó una amenaza frente a los micrófonos: «Me hago cargo de lo que digo. Si no bajan un cambio les vamos a cortar el suministro de gas y combustible a General Alvear y San Carlos». El gremialista se refería a las protestas en contra del fracking.

«El gobernador (Alfredo) Cornejo habilitó por decreto el fracking sin controles ni estudios de impacto ambiental. Ya hay cinco pozos en la zona de Malargüe, aun cuando se sabe que esta práctica es hípercontaminante, provoca enfermedades, usa componentes cancerígenos y genera movimientos sísmicos. Decimos que el decreto es un avasallamiento porque no se respeta el artículo 41 de la Constitución, que habla del derecho de los habitantes a un ambiente sano para las presentes y futuras generaciones», se queja Juan Pablo Olsson, coordinador del Movimiento Climático 350.org, e integrante de la Coalición Latinoamericana contra el Fracking (Coesus).

El fracking es la manera más popular para nombrar al método de la fractura hidráulica, una técnica que busca extraer el petróleo y el gas «atrapados» en la roca madre. Para lograrlo se perfora a grandes profundidades y se inyecta agua a alta presión para romper la roca y liberar el gas o petróleo. Con el agua se suministran aditivos químicos y arena. Vaca Muerta es la principal roca madre que se explota en el país, pero no es la única.

«Volví a la Argentina para trabajar en un proyecto ecológico y elegí General Alvear porque es un pueblo con mucha conciencia ambiental, que en 2007 jugó un papel protagónico para frenar la megaminería en Mendoza. Hoy nuevamente está cumpliendo un rol histórico porque acá se prendió la mecha de la lucha contra el fracking y ahora las movilizaciones se replicaron en distintos puntos de la provincia como San Rafael, Tunuyán y hasta en la capital», remarca Esteban Servat, un científico especializado en biotecnología que vivió diez años en Silicon Valley.

El viernes 9 de marzo se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nº 248 que reglamentó en la provincia, con las firmas del gobernador Cornejo y el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales que se hacen mediante estimulación hidráulica o fracking. Una semana después, la población tomó conocimiento del tema cuando Servat y otros ambientalistas comenzaron a viralizar a través de las redes sociales información sobre el método de extracción. «En Mendoza hay una campaña de desinformación. La mayoría de los medios concentrados tienen intereses en la petrolera El Trébol, que es la que promueve el fracking en la provincia», explica Servat.

El 26 de abril hubo otra movilización, esta vez más numerosa, luego de que se filtrara un estudio del Departamento de Irrigación de Mendoza que reveló que las napas de Malargüe estaban contaminadas. Dos de esas muestras confirmaron que el agua contenía cuatro veces el límite permitido de hidrocarburos. Una tercera registraba siete veces más.

«Hay mucho pánico generado por las redes sociales porque te ponen al mismo nivel de seriedad un video de los Simpson que un estudio de la Academia Nacional de Ingeniería. Meten miedo a la sociedad. Tenemos todo en regla, tanto a nivel de leyes nacionales como provinciales, y no creo que las protestas tuerzan este proyecto. Económicamente recibiremos regalías petroleras y eso significa abrir nuevas fuentes de trabajo», le dice a Tiempo la directora de Protección Ambiental de Mendoza, Miriam Skalany. La funcionaria sostiene que el informe que se filtró es «parcial y mentiroso» y que circuló de manera «maliciosa».

En ese sentido, Olsson recuerda que el ingeniero Ricardo Fuentes es el vicedecano de la UTN Regional Mendoza, en cuyo laboratorio se tomaron las muestras, y al mismo tiempo, representante de la petrolera El Trébol. «Es otra de las cosas graves que están pasando en Mendoza –concluye el ambientalista–: están de los dos lados del mostrador». 

El inventario de glaciares y la minería

Luego de la publicación oficial del Inventario Nacional de Glaciares, las organizaciones Greenpeace Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunciaron que el inventario no está completo, ya que excluye los glaciares con una superficie menor a una hectárea. En ese sentido, Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace, opinó que «los pequeños glaciares también deben ser contemplados y protegidos por la ley».

Los ambientalistas también alertaron sobre la implementación de las medidas que impone la ley, como auditorías y el cese o traslado de actividades en zonas prohibidas. «Es imprescindible que las autoridades dejen de ofrecer territorios para inversión minera en donde ya se identificaron glaciares y ambiente periglacial», sostuvieron. «