General Motors: los suspendidos impugnarán el acuerdo entre Smata y la empresa

Los operarios suspendidos por la automotriz General Motors llegaron hoy a Buenos Aires con expectativas de tratar en una reunión con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, la situación las 350 familias rosarinas que están en vilo ante la posibilidad concreta de perder sus puestos de trabajo desde el 1º de diciembre.

Unos cincuenta trabajadores partieron desde Rosario, Santa Fe, en micro, pasadas las 4 de la mañana. Tal como estaba previsto, esta mañana concentraron en las proximidades del Congreso Nacional y luego marcharon a la sede que la cartera laboral tiene en la Avenida Callao.

Pero la iniciativa fue estéril: Triaca no sólo no los recibió sino que por medio de emisarios ratificó el acuerdo que firmó la conducción del Sindicato de Mecánicos (SMATA) y la empresa de capitales estadounidenses. La actitud del ministro impactó en los enviados rosarinos, que resolvieron profundizar el plan de lucha hasta que el polémico entendimiento quede sin efecto.

El referente de los suspendidos, Sebastián Romero, contó que las autoridades rechazaron recibir a la delegación “porque dijeron que solamente reciben al SMATA y a la empresa”. El Ministerio apenas consintió el ingreso de un grupo de legisladores que acompañaba la movilización. Esos legisladores transmitieron la preocupación de los trabajadores que aseguran que el acuerdo que los mantiene suspendidos no fue homologado ni por la cartera nacional ni por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. Pero los funcionarios rechazaron la denuncia y aseguraron que el acuerdo “está homologado a partir del 5 de abril”, aunque no presentaron documentos que lo acrediten. Romero analizó que “lo que están haciendo es ir al desgaste al no permitirnos acceso al acuerdo. La verdad no tenemos constancia de que se haya homologado”.

Así las cosas, para los suspendidos “este acuerdo es inconstitucional porque pacta la desvinculación de todos nosotros por encima de las leyes laborales”. Romero agregó que “hay un pacto entre el sindicato, la empresa y el gobierno, que no están respetando el derecho” de los empleados de General Motors.

Como próximo paso, los trabajadores buscarán certificar ante escribano público las 1.500 firmas que, aseguran, votaron en contra del acuerdo en cuatro asambleas generales. Según Romero, el pacto no solamente concita el rechazo de los suspendidos sino del personal en general puesto que los trabajadores que siguen activos denuncian las consecuencias de un ritmo de producción insoportable. Lo que quieren “es la flexibilizando de los convenios precarizando a la mano de obra”, amplió el referente. Los trabajadores de General Motors advierten también que el descontento va más allá de los límites de la fábrica de la marca Chevrolet. Según afirman, el mismo malestar crece en otras terminales, como Volkswagen, donde también está vigente un programa de suspensiones.