Gervasio Muñoz: «La situación es urgente; vamos derecho hacia una segunda ola de desalojos»

A inicios de marzo, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anunció que no se extenderá el decreto 320/20, que desde hace un año congela los precios de los alquileres e impide los desalojos. Entonces, a partir del próximo jueves, la situación de los inquilinos argentinos puede cambiar de manera drástica, según Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional.

–¿Cuál será la situación de los inquilinos después que finalice la vigencia del decreto 320/20?

–La situación es urgente. Vamos a ver una segunda ola de desalojos. La primera fue de los sectores más vulnerables. Ahora, se viene para los sectores medios bajos o empobrecidos durante la pandemia. Muchos inquilinos están recibiendo cartas documento que exigen que el 1 de abril dejen las viviendas.

–¿Hay un riesgo concreto de que mucha gente en la calle?

–Absolutamente. Ya se está viendo. En la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, se empezaron a ver carpas en las plazas. Nos mandan videos y nos escribe mucha gente diciendo que está desesperada, que no les renuevan, que no pueden entrar en otro lado por los precios y que se quedan en la calle.

–¿Y qué pasa si en la desesperación, esa gente decide no irse?

–Lamentablemente, se van a vivir muchas situaciones de violencia al no actuar el Estado como mediador. Por dar un ejemplo, recibimos un caso de un propietario que amenazó a una inquilina con prender fuego la casa, su propia casa, si no se va.

–¿Cuánto necesita hoy una familia para mudarse?

–Cerca de 100 mil pesos. Porque tampoco se cumple la Ley de Alquileres. Es una situación en la que el gobierno ha tomado varias decisiones. Una, salir del decreto. Dos, no llevar adelante ningún plan de contención para las familias que están endeudadas y a días de quedarse en la calle. Tres, no defender ni hacer cumplir la Ley de Alquileres, por lo cual el mercado inmobiliario puede imponer condiciones mucho más duras que hace un año. Estamos ante un escenario mucho más difícil que en la época prepandemia.

–¿En qué aspectos no se cumple la Ley de Alquileres?

–En ninguno. No se están firmando contratos bajo la nueva ley. Hay riesgo de perder una oportunidad histórica, que es modificar las condiciones del acceso al alquiler en Argentina. Eso se puede perder por un ministro profundamente conservador. Hoy, el mercado inmobiliario está por encima de todo y fija precios y condiciones por encima de la Ley, del Congreso y del Ministerio de Hábitat. Que le entreguen el ministerio a las constructoras y las inmobiliarias y listo.

–Este gobierno promulgó la nueva ley. ¿Qué falló?

–Se quedó a mitad de camino. Se intenta regular al mercado inmobiliario, pero no se defiende esa regulación. El gobierno no hace cumplir lo que pidió que se vote. Entonces, el mercado inmobiliario reacciona y lo hace para avanzar sobre derechos de otros. Hoy, ya ni siquiera pretenden volver a la ley anterior, sino directamente a las condiciones de la dictadura.

–¿Cómo llega a esa conclusión?

–Basta con leer los proyectos de ley de Cambiemos. Son tres. No es volver al Código Civil que regía hasta hace un año. Ni siquiera es volver a la Ley 23.091, de 1985. Es volver a la época de la dictadura, cuando no había ni plazo de contrato de alquiler ni regulación del precio de ningún tipo y con desalojo exprés.

–En una reciente entrevista, el ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, dijo que no habrá desalojos de personas cuyos contratos no estén registrados en Afip.

– Lo que plantea el ministro Ferraresi en la entrevista en La Nación de esta semana es falso. A partir de abril serán desalojadas las familias inquilinas sin importar si el contrato de alquiler está registrado en Afip o no. Porque los desalojos son sobre inquilinos que tienen contratos firmados antes de la vigencia de la ley de alquileres. Las declaraciones del ministro son graves porque o miente o, peor aún, no leyó la reglamentación de Afip ni el decreto, ni la Ley de Alquileres. Pero, además, omite la situación de cientos de miles de familias que no están en riesgo de ser desalojadas por falta de pago, sino que sencillamente no pueden afrontar una mudanza ni los precios de los alquileres en el medio del golpe de mercado.

–¿Hay muchas familias endeudadas?

–Hay un endeudamiento muy grande, pero además los salarios están muy por debajo de lo que se tenía antes de la pandemia. Muchas familias perdieron el trabajo o tienen ingresos menores. Esto hace imposible que puedan afrontar la deuda, una mudanza y el pago de un nuevo alquiler, con los aumentos que hubo en los últimos meses.

–No es un panorama sencillo. ¿Cuáles deberían ser a su criterio las medidas a adoptar?

–Extender la vigencia del decreto, llevar adelante un plan de desendeudamiento e implementar los mecanismos para que se cumpla la Ley de Alquileres. Pero también aclarar que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat no debe ser de Obras Públicas. Hay que pensar el acceso a la vivienda como un derecho y no construir algunas casas para ver si reactiva el empleo. Hoy en día, la única forma que existe de acceder a la vivienda es alquilando. ¿Quién se puede comprar una casa? ¿Cómo hacés?

–¿La Federación tiene diálogo con el ministerio?

-No. No nos atienden más. Sí atienden a las inmobiliarias. Tuvieron una reunión hace poco en el ministerio. Los tipos que llevan al territorio el incumplimiento sistemático de la Ley de Alquileres fueron recibidos por el ministro, que destacó que era fundamental la alianza entre el sector privado y el público.

–¿Cuál es la situación de quien sí puede pagar el alquiler, en cuanto a la posibilidad de acceder a la vivienda propia?

–Hoy, el 54% de los ingresos se destinan al pago del alquiler. Nunca sucedió en la historia. Y no para haber construcciones de desarrolladoras en la Ciudad de Buenos Aires. Cuanto más se construye, más inquilinos hay. Tenemos suelo dolarizado, vivienda dolarizada y construcción en pesos. En paralelo, hay dos viviendas por cada habitante en la Ciudad y se duplicó la cantidad de inquilinos en 20 años. El mercado avanza en la extracción de los ingresos y tenemos que defendernos y contraatacar. La historia demuestra que un trabajador medio se puede comprar una vivienda cuando no es rentable tener viviendas en alquiler. «