Gils Carbó y el fiscal Rodríguez se suman a una investigación regional por sobornos de Odebrecht

Los jefes de las fiscalías generales de 11 países, incluida la Argentina, firmaron en Brasil un acuerdo para conformar equipos conjuntos destinados a cooperar en las investigaciones relacionadas con sobornos pagados a funcionarios y políticos por la empresa brasileña Odebrecht y otras involucradas en el escándalo de corrupción brasileño conocido como Lava Jato.

Los fiscales generales reunidos en Brasilia dijeron también, en un comunicado, que decidieron «escuchar la exposición de los abogados» de Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, para «dilucidar los ilícitos en cada país» de la región.

Los fiscales decidieron «promover la constitución de equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales, que permitan investigaciones coordinadas sobre el caso Odebrecht y el caso Lava Jato», dice uno de los puntos de la Declaración de Brasilia, firmada por representantes de los ministerios públicos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.

Por la Argentina firmaron la declaración la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez.

El encuentro fue organizado a instancias del Fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot, en el marco del capítulo internacional del caso Lava Jato, que tiene a Odebrecht entre sus ejes por haber admitido ante Brasil, Estados Unidos y Suiza haber pagado durante 15 años sobornos y contribuido ilegalmente a campañas políticas con unos 1.000 millones de dólares en 12 países.

Janot tiene en sus manos la delación premiada de 77 ejecutivos de Odebrecht y debe decidir si inicia acciones sobre los políticos y funcionarios denunciados por los arrepentidos.

En la Declaración de Brasilia, los fiscales generales acordaron «reforzar la cooperación jurídica, especialmente la realización de comunicaciones e informaciones espontáneas» y también «insistir en la recuperación de activos y la reparación integral de los daños causados por los ilícitos, incluyendo el pago de multas, según la legislación de cada país».

En su visita el 7 de febrero a Brasilia, el presidente Mauricio Macri había pedido al Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, y al fiscal general Janot acceso a la declaración de Odebrecht que refiere a los argentinos involucrados.

La delación de los ejecutivos de Odebrecht está bajo secreto de sumario y forma parte de un acuerdo de lenidad de la empresa para poder seguir funcionando, ya que pese a su protagonismo en el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil continúa siendo líder en ingeniería y obra pública de alta complejidad en América Latina.

En su declaración, los fiscales exhortaron » a los ciudadanos a apoyar a sus instituciones de persecución penal en las actuaciones que son conducidas contra la corrupción en los países firmantes».

El acuerdo termina con el punto 8, que indica que los ministerios públicos deben reafirmar el «respeto irrestricto al principio de legalidad, el debido proceso legal y los derechos humanos, especialmente en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada transnacional».

De los 14 países invitados, faltaron Mozambique, Antigua y Barbuda, El Salvador y Guatemala, informó la procuraduría brasileña en el inicio de la reunión judicial, que se realizó con gran hermetismo y sin acceso de la prensa.

Los países asistentes, además del anfitrión, fueron Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Gran parte de la investigación sobre la maquinaria de pagos de Odebrecht, un pulpo con múltiples negocios que facturó casi 40.000 millones de dólares en 2015, su último balance, está también bajo secreto de sumario.

Las prácticas de esta constructora fundada en Bahia (nordeste) en los años 40 le valieron a Odebrecht S.A. y a su filial petroquímica Braskem una multa de 4.500 millones de dólares, en un caso que abarcó a las justicias de Brasil, Suiza y Estados Unidos.

El grupo indicó que tiene capacidad para pagar hasta 2.600 millones, que sumados a la penalidad de unos 900 millones de Braskem, totalizarían 3.500 millones, una de las mayores penalidades de la historia.

Tras resistir casi dos años, la firma acordó con la justicia que 77 de sus ejecutivos confesasen sus delitos a cambio de una reducción de sus penas, incluido su ex director general Marcelo Odebrecht, condenado a más de 19 años de reclusión en Brasil y preso desde entonces.

La desclasificación de esos documentos es una bomba de tiempo para Brasil y buena parte de la región.

Las primeras informaciones mostraron menciones a presidentes en ejercicio, como el brasileño Michel Temer y el colombiano Juan Manuel Santos, y exmandradatarios como el peruano Alejandro Toledo, con pedido de captura por esta causa.

Todos negaron los cargos.