Giro autoritario en Bolivia: acorralado por la crisis económica, Paz decreta el estado de excepción para aplastar la protesta social

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional tras más de seis semanas de protestas ininterrumpidas en su contra. La drástica medida se tomó luego de que los sectores indígenas de la Federación Túpac Katari y los productores cocaleros afines al exmandatario Evo Morales decidieran mantener los bloqueos de carreteras, rechazando el principio de acuerdo que el Ejecutivo de centroderecha había alcanzado este viernes con la Central Obrera Boliviana (COB) para intentar pacificar el país. Rodeado por su Gabinete de ministros, el jefe de Estado denunció públicamente la existencia de «un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo».

El conflicto social escaló de manera acelerada desde principios de mayo, cuando obreros, campesinos e indígenas iniciaron una huelga general y el corte sistemático de las principales vías de comunicación del país. El reclamo de las bases apunta de manera directa a la gestión económica del gobierno de Paz frente a la crisis financiera más grave que atraviesa Bolivia en las últimas cuatro décadas, a lo que se sumó el masivo rechazo social a la comercialización de gasolina de baja calidad. Ante la prolongada falta de respuestas políticas, las demandas de los manifestantes mutaron rápidamente hacia la exigencia de renuncia del propio presidente.

La persistencia de los bloqueos ya genera severas consecuencias en los principales centros urbanos del país. En las ciudades de La Paz y El Alto se registraron violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, un escenario que agravó una fuerte carestía y desabastecimiento de alimentos de primera necesidad, medicinas esenciales y combustibles. La parálisis de las rutas estratégicas mantiene cercadas a las capitales, neutralizando los intentos oficiales por normalizar el abastecimiento y quebrando el funcionamiento institucional diario.

Desde el palacio de gobierno, la gestión de centroderecha —que asumió el poder en noviembre rompiendo dos décadas de hegemonía de la izquierda— acusa formalmente a Evo Morales de instrumentar y financiar las movilizaciones.