Mientras la Policía de la Ciudad reprimía a las organizaciones que rechazan la medida, adentro del recinto se consolidaba una mayoría transversal para habilitar la agenda extractivista.
En las afueras del Congreso, el clima de tensión derivó en una violenta intervención de la Policía de la Ciudad. Las organizaciones sociales, ambientales, políticas y sindicales que se concentraron bajo la consigna “La Ley de Glaciares no se toca” fueron dispersadas con gases lacrimógenos y golpes, dejando un saldo de varios manifestantes detenidos. A pesar del operativo de seguridad y la hostilidad del escenario, la protesta se mantiene firme durante , con referentes ambientales advirtiendo que la modificación de la norma actual pone en riesgo directo las reservas estratégicas de agua dulce del país en favor de proyectos mineros.
Frente al avance del proyecto en el recinto, los sectores opositores y las asambleas socioambientales ya preparan presentaciones judiciales para frenar la implementación de la nueva normativa. Argumentan que la reforma vulnera el principio de progresividad ambiental y que cualquier retroceso en la protección de los glaciares y el área periglacial es inconstitucional. Mientras el debate legislativo continúa puertas adentro, el conflicto social escala en las calles, preanunciando una judicialización masiva de la ley en caso de que finalmente sea sancionada por la Cámara Baja.
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