La Reforma fue gestada en un proceso institucional profundamente viciado, atravesado por irregularidades e ilegalidades manifiestas. Pero ya hay señales de que la sociedad no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Más de 750.000 personas ya han acompañado con su firma la demanda colectiva, que no para de crecer.
Sin embargo, en un contexto de crisis climática cada vez más evidente, con eventos extremos que se multiplican y un estrés hídrico que avanza silenciosamente sobre enromes regiones de nuestro país, el Congreso de la Nación decidió avanzar en sentido contrario. El pasado 9 de abril, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Glaciares que no sólo implica un retroceso ambiental de enorme gravedad, sino que además fue gestada en un proceso institucional profundamente viciado, atravesado por irregularidades, ilegalidades manifiestas y decisiones tomadas de espaldas a la sociedad.
Lo que se presentó como una instancia de participación democrática fue, en realidad, una escenificación. La llamada “audiencia pública” no fue ni audiencia ni pública; más de 100 mil personas se inscribieron para participar, pero menos de 300 pudieron hacerlo. No hubo deliberación real, no hubo escucha, no hubo debate. Hubo, en cambio, una operación diseñada para simular participación, pero no lo lograron.
A esto se suma un dato aún más grave, que erosiona de manera directa la ya frágil credibilidad institucional del Congreso, la participación de legisladores con conflictos de intereses manifiestos, imposibles de disimular.
El caso de Flavia Royón resulta paradigmático. Senadora por Salta y, al mismo tiempo, consultora y proveedora de empresas mineras, participó de la votación sin excusarse, sin abstenerse, como si la incompatibilidad entre su función pública y sus intereses privados no existiera. No se trata de un detalle menor ni de una cuestión opinable, se trata de una violación directa a los principios básicos de ética pública y la configuración de distintos delitos penal, motivo por el cual presentamos desde nuestra organización la correspondiente denuncia penal en la justicia federal.
En la misma línea, el diputado Nicolás Massot, con vínculos empresariales con el sector minero, tampoco se apartó del tratamiento de una norma que impacta directamente en sus intereses. Y como si este cuadro no fuera suficientemente alarmante, el actual secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero —ligado a múltiples corporaciones del sector— no sólo no mantuvo la obligatoria distancia que exige su función, sino que actuó como un verdadero operador del lobby minero, por eso también lo denunciamos ante la justicia federal.
Lo que se aprobó, entonces, no es una simple modificación normativa ni un ajuste técnico. Es un traje a medida de los intereses extractivos, diseñada para habilitar un puñado de proyectos mineros sobre ambientes glaciares y periglaciares. Se trata de una reforma que abre la puerta a la destrucción de las reservas estratégicas de agua dulce, desconociendo no sólo la evidencia científica sino también el marco jurídico nacional e internacional.
Desde el punto de vista legal, estamos frente a una norma abiertamente inconstitucional. No sólo por las irregularidades en su proceso de sanción, sino por su contenido regresivo, que vulnera el principio de progresividad y no regresión ambiental, reconocido tanto en nuestra legislación como en tratados internacionales suscriptos por Argentina.
Pero si algo nos enseña la historia de la Ley de Glaciares es que nunca fue una concesión del poder político ni económico (nació con un veto presidencial). Fue, desde el inicio, el resultado de una construcción colectiva, de años de lucha, de articulación entre organizaciones, asambleas, científicos, comunidades y sectores comprometidos con la defensa del agua. Y como toda conquista social, no se entrega ni se resigna: se defiende.
Por eso, lejos de cualquier lógica de derrota, lo que se abre ahora es una nueva etapa de lucha. Una etapa que no se limita al plano institucional, sino que lo desborda y lo potencia. En este marco, acabamos de lanzar una campaña para impulsar la demanda judicial colectiva más grande de la historia en defensa del agua y los glaciares, como una herramienta concreta para enfrentar este retroceso y sostener la pelea en todos los frentes posibles.
La convocatoria es amplia, federal, abierta. Está dirigida a toda la ciudadanía, porque lo que está en juego no es un interés sectorial sino el acceso al agua, es la integridad de los territorios, la posibilidad misma de un futuro habitable. Sumarse a esta demanda colectiva no implica asumir obligaciones legales, pero sí formar parte de algo mucho más profundo que es la construcción de una fuerza social imparable.
Porque esta disputa no se va a resolver únicamente en los tribunales, aunque allí también daremos batalla. Se va a resolver, como tantas veces en nuestra historia, en la articulación entre la calle y las instituciones, entre la movilización social y la acción jurídica. El Palacio y la calle. Un pie en Tribunales y otro en las plazas y calles de todo el país, porque entendemos que no hay justicia ambiental sin protagonismo popular.
Ya hay señales de que la sociedad no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Más de 750.000 personas ya han acompañado con su firma esta iniciativa, que no para de crecer. Asambleas que se reorganizan, comunidades que se movilizan, organizaciones que articulan a nivel federal, provincias como La Pampa que comienzan a reaccionar frente a los impactos que esta reforma puede generar sobre sus cuencas hídricas.
El lobby minero y sus aliados políticos creen que esta vez podrán avanzar sin resistencia. Que el cansancio social, la fragmentación o la crisis económica funcionarán como condiciones de posibilidad para imponer este modelo sin costos. Pero vuelven a equivocarse. Subestiman, una vez más, la memoria, la organización y la dignidad de un pueblo que ha sabido, en momentos clave, poner límites.
Porque si algo ha quedado claro a lo largo de estos años es que cuando tocan el agua, la sociedad responde. Y hoy esa respuesta empieza a tomar una dimensión inédita, con la construcción de lo que va a convertirse en la acción judicial colectiva más grande del mundo en defensa del agua. La invitación sigue abierta, aún podés sumarte en https://www.demandacolectivaglaciares.org:
No hay margen para la indiferencia ni lugar para la resignación. La historia, como siempre, está en disputa. Y frente a un intento de retroceso de esta magnitud, la única respuesta posible es más organización, más participación y más lucha colectiva. Porque esta reforma no es un punto de llegada. Es un punto de partida. Y lo que viene, lo vamos a construir juntos y juntas.
La Ley de Glaciares no se toca.
Los fenicios inventaron el comercio y se lanzaron al mar Mediterráneo a fundar emporios.
Los imperios, incluso los arrepentidos, reconocen tarde o temprano el sonido de sus propios tambores.…
Se presentó en el CCC Floreal Gorini el libro Cerca del Apocalipsis, de Alberto López…
El especialista también destaca que en el continente "hay guerras que Occidente fogonea e invisibiliza",…
Las tareas escolares dejan de ser castigo, gran innovación, y los recreos vuelven a ser…
