Gobernar de espaldas a la ciudadanía

Por: Carlos Heller

Los mercados casi no tuvieron tiempo de festejar la ratificación del decreto del acuerdo.

Con el apoyo de la denominada oposición “dialoguista”, el oficialismo consiguió que la Cámara de Diputados ratifique el DNU 179/2025, a través del cual el gobierno “se autoriza a sí mismo” a negociar un acuerdo con el FMI, que incluye la toma de nueva deuda.

El camino elegido vulnera la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y el artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece las competencias del Congreso en materia de deuda pública interna y externa. Hay que decir que la Ley 27.612, que el gobierno ve como una traba, constituyó en su momento un avance tendiente a establecer límites al endeudamiento irresponsable.

El respeto de los canales institucionales de la democracia requiere en realidad el tratamiento y la discusión de un proyecto de ley en las dos cámaras, y no un decreto.

En los considerandos del DNU se sostiene que el Poder Ejecutivo “se encuentra facultado para dictar decretos de necesidad y urgencia en ‘situaciones de grave trastorno que amenacen la existencia, la seguridad o el orden público o económico, que deben ser conjuradas sin dilaciones’”. Sin embargo, en ningún momento se brindaron detalles de cuáles son esas graves situaciones en las que se basan para el dictado del DNU. Más cuando los vencimientos de capital con el FMI empiezan a verificarse recién en septiembre de 2026.

El Parlamento terminó votando por sí o por no, un acuerdo aún no cerrado que está por celebrarse, y por lo tanto, sin tener detalles ni conocimiento de lo que se terminaría aprobando (monto, tasa y demás condiciones). Inclusive, se delegan en el Ministerio de Economía las facultades para suscribir los instrumentos necesarios para cumplimentar el acuerdo con el FMI: una aprobación inaceptable. Tampoco queda claro cómo se hará para que la nueva deuda no sea una manera de posibilitar la fuga de dólares al exterior, tal como sucedió en anteriores ocasiones.

En una entrevista previa al tratamiento en Diputados, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que se trata de “la aprobación del crédito público; los detalles del acuerdo son parte de la confidencialidad”. Una aseveración que revela la oscuridad que subyace a lo que se está negociando, tal como ocurrió con el préstamo de 2018, que también gestionó Caputo como ministro de Finanzas, y se gestó “entre gallos y medianoche”.

Sobre el tema de los montos, Caputo había afirmado el 7 de marzo que “están definidos el programa y el monto. Hemos modelado muchos escenarios para aprobarlo, el staff estuvo de acuerdo y ahora lo manda al Board, que decide si le pone el gancho”. No obstante, ahora señaló: “eso (el monto) lo define el Directorio del Fondo, cuando convoquen y se reúnan. Nosotros genuinamente no lo sabemos, por eso tampoco lo decimos”. ¿Acaso el gobierno está dejando en manos del FMI un hecho tan trascendente como la definición del monto del préstamo? Si fuera el caso, estaríamos frente a un duro golpe en términos de soberanía nacional.

En este marco, el comunicado firmado por senadores y senadoras de Unión por la Patria, dirigido a la directora y a los funcionarios del FMI, sostiene que “la aplicación de las mismas recetas basadas en políticas de ajuste, atraso cambiario y especulación financiera permanente, sólo traerán los mismos resultados negativos”. Cabe mencionar que la totalidad de las diputadas y diputados de Unión por la Patria presentes en el recinto el miércoles, votamos rechazando el DNU 179/25.

Los mercados casi no tuvieron tiempo de festejar la ratificación del decreto. Un medio de comunicación con gran llegada señaló apenas dos días después de la votación: “Milei dijo que el acuerdo con el FMI se firmará en abril, pero el mercado sigue volátil (…), continúa la incertidumbre sobre la política cambiaria”. Es que el ajuste, la deuda y las políticas con las que se busca satisfacer a los mercados nunca son suficientes. El problema de fondo es el modelo.

El peso de los datos

Las variables del sector externo son un reflejo de las dinámicas promovidas por las políticas del gobierno. Por caso, enero fue el octavo mes consecutivo en que el resultado de la Cuenta Corriente Cambiaria fue deficitario (-1.656 millones de dólares), en gran parte como consecuencia del déficit del Turismo (-1.112 millones de dólares), incentivado por la revalorización de nuestra moneda, que abarata los viajes y las compras en el exterior.

Los datos del intercambio comercial muestran que en febrero de 2025 el saldo de la balanza comercial fue de 227 millones de dólares, muy por debajo de los 1409 millones de dólares de un año atrás. Las importaciones subieron 42,3%, en un contexto de suba del 55,4% de las cantidades, en particular de las de bienes de consumo, que ya se encuentran en niveles récord para un febrero desde 2004.

Por su parte, el Indec dio a conocer el Informe de avance del nivel de actividad, que incorpora los datos del último trimestre de 2024 y permite darle un cierre al año. En promedio, se observa una caída del PIB del 1,7%, para todo 2024, explicada mayormente por el desplome del consumo privado (-4,2%), el consumo público (-3,2%) y la Inversión Fija (-17,4%). Las exportaciones crecieron 23,2%, motorizadas por la producción agropecuaria, producto de la baja base de comparación a raíz de la sequía, y por el crecimiento de otros sectores primarios, como minas y canteras (incluye hidrocarburos) y pesca. En tanto, en 2024 las importaciones cayeron un 10,6%. A nivel sectorial se registró una caída de la industria (-9,2%), del comercio (-7,3%) y de la construcción (-17,7%).

Datos que reflejan el achicamiento del mercado interno, en un contexto de caída del poder adquisitivo del salario y de pérdida de puestos de trabajo. El dato laboral más reciente del Indec muestra que entre el 4º trimestre de 2023 e idéntico período de 2024 cayó en 125 mil el número de asalariados registrados. En paralelo, en el mismo lapso el desempleo pasó del 5,7% al 6,4% de la población económicamente activa, mientras que la tasa de ocupados demandantes de empleo pasó del 15,5% al 16,6%; es decir, hay más personas que, incluso teniendo, buscan otro trabajo, porque seguramente los ingresos no les alcanzan.

En el frente fiscal, durante febrero los ingresos del Sector Público Nacional registraron un incremento interanual del 5,4% descontando la inflación, mientras que el gasto primario aumentó un 19,2%. De esta forma, aunque muestra un descenso del 42,8% interanual, el resultado primario continuó siendo superavitario. Para evitar el efecto de la baja base de comparación que representa el primer bimestre de 2024, si se toma el acumulado enero y febrero de este año y se lo compara con igual período de 2023, se observa que el gasto cayó un 28%, comportamiento explicado por rubros como Prestaciones Sociales (-13,8%), pago de salarios estatales (-20,5%), transferencias corrientes a provincias (-55,4%) y Gasto de Capital (-82,4%), entre otros. En la misma comparación, los ingresos totales cayeron 1,4%. Una postal del duro ajuste.

Estamos en presencia de un gobierno que trata de mostrarles a los mercados que es capaz de conseguir los dólares para sostener –por un tiempo— su esquema económico. En este marco, un nuevo programa del FMI que incluya desembolsos adicionales sólo agravará las grandes problemáticas del sector externo, de la economía y del frente social, engrosando a su vez la hipoteca a la que deberemos hacer frente los argentinos y las argentinas. « 

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