El Gobierno analiza re adjudicar por decreto las partidas de Discapacidad y Universidad para evitar aplicar las leyes de emergencia

La rosca por la aprobación del Presupuesto 2026, que para muchos oficialistas y opositores ya es un hecho, sigue sumando capítulos a días de su tratamiento. Este viernes el Senado tratará en una sesión especial el proyecto que llegó desde Diputados en medio de los reclamos de los aliados por los puntos más sensibles como lo son los artículos referidos a discapacidad y el financiamiento de las universidades. Inamovibles en su postura de no aprobar ninguna ley que ponga en crisis el equilibrio fiscal al que Javier Milei la reza desde su llegada al poder, en Casa Rosada evalúan alternativas para intentar contentar a los bloques dialoguistas.

Para la gestión mileísta, la aprobación de la hoja de ruta presupuestaria es, a diferencia de los primeros dos años al frente del Ejecutivo, fundamental. El apuro no sólo está signado por el cierre de año y la posibilidad de anotarse un último triunfo antes del inicio formal del receso de verano. Hay en el oficialismo una necesidad implícita de enviar a los mercados y el círculo rojo todo una clara señal de sustentabilidad política del programa económico que el gobierno mantuvo a discreción por más de dos años, acomodando a gusto y piacere las partidas que dispone la norma vigente desde la gestión de Alberto Fernández.

En concreto, la aprobación del Presupuesto 2026 no sólo podría ser el primer éxito legislativo del nuevo tándem que integran Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem, encargados oficiales de la rosca parlamentaria. También es un cumplimiento explícito a los requerimientos que el Fondo Monetario Internacional está comenzando a ajustar en base a una serie de incumplimientos que la gestión de Luis Caputo se encamina a revertir. La decisión de modificar el índice de bandas cambiarias en base a la inflación para lograr la acumulación de reservas en el Banco Central fue parte de este paquete de guiños. La obtención de la ley de leyes será el próximo.

Cuando se logró la aprobación del proyecto presupuestario en la cámara baja con las complicaciones que le imponían al gobierno a mantener el equilibrio de las cuentas, desde el propio oficialismo dejaron circular versiones que hablaban de la posibilidad de vetar su propia ley. Esta instancia fue cuestionada por más de un aliado que vio con malos ojos la impericia política del oficialismo. No fueron los únicos. Aquella posibilidad molestó incluso a los propios, que hicieron saber que la idea era descabellada. La moneda finalmente cayó por el lado de la sensatez.

Fue el propio Milei quien en una entrevista con Luis Majul aclaró que la medida no estaba dentro de los planes del Ejecutivo. “Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas», sostuvo el primer mandatario. Fue a partir de esta confirmación que en el riñón del oficialismo se pusieron a trabajar contrarreloj.

En la segunda reunión de mesa chica que se llevó adelante este lunes en la sede del Ejecutivo, los integrantes de la ronda política libertaria pusieron sobre tablas opciones que les permitan contentar a todos los involucrados. Entre estas, la que más consenso generó es la posibilidad de re adjudicar por decreto del Ejecutivo los fondos correspondientes a las universidades y la emergencia en discapacidad vía decreto. De concretarse, la potestad para las reasignaciones quedaría en manos del jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien definiría a discreción los índices que le corresponderían a cada área en base a los números aprobados por el propio presupuesto.

De esta forma, el gobierno no negociará con los aliados para ingresar modificaciones en el tratamiento del texto durante la sesión de este viernes como también habían dejado trascender días atrás. Por el contrario, en las arcas del poder libertario se preparan para aprobar el proyecto tal cual fue resuelto en Diputados, aunque sin poner en vigencia “total” la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad que establecería la norma en caso que sea aprobada sin cambios.

El ya famoso Capítulo XI del proyecto establece, entre otros puntos, la eliminación de ambas emergencias. Según los informes confeccionados por la Oficina de Presupuesto del Congreso, la Ley de Emergencia en Discapacidad implicaría un refuerzo fiscal estimado entre 0,22% y 0,42% del PBI, mientras que la ley de Financiamiento Universitario, previsto para el ejercicio 2026, tendría un impacto cercano al 0,23% del PBI. Índices mínimos para un gobierno que gusta de jugar al extremo con la paciencia ajena.

Con conocimiento de ello, en el gobierno hacen saber que podría haber un reconocimiento para las diferentes exigencias según el criterio del propio gobierno. Aunque las opciones son variadas, no se descarta la posibilidad de que el oficialismo apruebe un aumento escalonado de los fondos universitarios, mientras que -con auditoría y recorte mediante- las prestaciones por discapacidad se mantengan con ajustes retroactivos mínimos. “La sábana es muy corta”, reconocieron desde el seno de la gestión mileísta a este diario respecto al futuro de estas partidas.

Es toda una incógnita cuál será la postura que adoptarán los aliados dentro del recinto. La queja más reciente llegó de la mano de la Unión Cívica Radical, en particular de los senadores Maximiliano Abad y Flavio Fama, quienes se quejaron de la decisión del gobierno de eliminar las metas de inversión educativa. El bonaerense, que pese a sus diferencias supo tener buena sintonía con el oficialismo, fue uno de los impulsores de la alianza con La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires que finalmente quedó trunca. No sería descabellado esperar que la buena relación que Santiago Caputo cosechó con el radical pueda ser utilizada para alivianar las tensiones.

Pese a la ya sobreutilizada estrategia de confrontación para imponer sus condiciones, lo cierto es que en el sector más sensato del oficialismo saben que la posibilidad de gobernar por decreto es, cuanto menos, arriesgada. Por eso, ya anticipándose una posible judicialización del caso, hay quienes, en voz baja, advierten que ésta decisión podría ser una forma de “ganar tiempo” en el medio del reacomodo económico y financiero de la gestión. Una jugada osada para un gobierno con apoyo electoral pero electrodependiente de las bancadas aliadas.