Docentes de la UBA rechazaron el intento de modificar la Ley aprobada en 2024 y que aunque Javier Milei la vetó, fue ratificada por Congreso. El Ejecutivo formalizará la extensión y la incorporación de la modificación con un decreto que se publicará en el Boletín Oficial.
El decreto que contempla la extensión de las sesiones y la incorporación de una nueva ley de financiamiento será firmado esta noche y se publicará en el Boletín Oficial del próximo lunes, según publicó Agencia Noticias Argentinas.
“La idea de la ley es hacerla implementable”, sostuvo una fuente del gobierno a esa agencia. La decisión del Ejecutivo ocurre después de presentar un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, para frenar la obligatoriedad de implementar la Ley de Financiamiento Universitario votada en 2024 y que la justicia le obligó a cumplir de forma “inmediata” en diciembre pasado.
Esa norma, sancionada por ámbas cámaras, fue vetada por el presidente Javier Milei, pero el Congreso ratificó luego lo tratado, anuló el veto y obligó al Ejecutivo a cumplirla. El Gobierno tomó entonces la determinación de judicializarla para incumplir.
Si bien el reglamento de la Cámara de Diputados establece que la ampliación del temario debe ser votado en el recinto, en Casa Rosada se valen de antencedentes de incorporación de proyectos instrumentados por la vía.
El decreto también formalizará la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero para avanzar con la sanción del cronograma antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, programada para el 1° de marzo. Además, dará cumplimiento a la norma que establece la necesidad de que pasen al menos 10 días para sacar dictamen.
“Al no aplicar la ley, el Gobierno le niega cada mes un aumento del 50% a la docencia de las universidades nacionales”, informó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docentes de la UBA (AGD UBA).
La representante de los trabajadores universitarios agregó: “Docentes, no docentes y estudiantes ya nos pronunciamos mediante petitorios, paros y movilizaciones. El Congreso votó cuatro veces esta ley; las autoridades no pueden ahora acordar de espaldas a la comunidad universitaria con un gobierno que desconoce la ley y que apela todos los fallos judiciales que lo obligan a cumplirla”.
En un comunicado, los docentes universitarios rechazaron la modificación de la norma. Además, remarcaron la publicación de información periodística que afirma que las autoridades universitarias del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunieron con el Gobierno para acercar posiciones y negociar modificaciones a la ley.
El ajuste del Gobierno afectó profundamente al sector de los docentes universitarios. Según estimaciones de las autoridades universitarias, cerca de 10.000 docentes universitarios renunciaron a sus cargos durante 2025 debido a los bajos salarios.
“Frente a una inflación del 2,9%, el Gobierno otorgó unilateralmente un aumento del 2%. Siguen ajustando nuestros salarios, ya muy deteriorados. No podemos seguir así; por eso impulsamos un paro universitario”, afirmó Carboni.
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