Por decreto y con las atribuciones de la Ley Bases, el Gobierno modificó la Comisión Nacional para Refugiados

Mediante la publicación del decreto 819/2024 en la edición de este jueves del Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei introdujo una modificación a la conformación de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE). En reemplazo de la participación del disuelto Instituto Nacional de Racismo y Xenofobia (INADI) en su estructura, se incluyó al Ministerio de Seguridad.

El cambio –que lleva la firma del Presidente, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la canciller Diana Mondino- se concreta a través de la modificación de la Ley 26.165, acción posible gracias a la delegación de facultades al Ejecutivo que significó la aprobación de la Ley Bases.

Así, a partir de ahora el organismo que evalúa la situación de quienes solicitan refugio en la Argentina para escapar de distintas situaciones de amenaza en sus países queda conformado por un representante de vicejefatura de Gabinete del Interior, uno del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio de Justicia, de Capital Humano y de Seguridad.

Por qué preocupa el cambio en la Comisión Nacional para los Refugiados

En el texto del decreto, el Gobierno argumentó que “dicha incorporación hará más ágiles los procesos que se siguen ante la mencionada Comisión Nacional, a la vez que significará una mirada especializada sobre asuntos de seguridad nacional y orden público, los que son tenidos especialmente en miras tanto por la normativa interna como por el derecho internacional de los refugiados”.

“Tenemos dos preocupaciones”, señaló Diego Morales, director de Litigio y Defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La primera tiene que ver con que los objetivos de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado (26.165) “están organizados y definidos para garantizar los derechos de las personas que necesitan protección internacional, vinculados al Convenio de Ginebra de 1951 -sobre el Estatuto de los Refugiados- y la inclusión del Ministerio de Seguridad no calza en esos objetivos”.

Hasta ahora, la participación del Inadi en la Comisión implicaba el abordaje de cuestiones relacionadas con la lucha contra la discriminación y la xenofobia. “Eso en todo el mundo tiene que ver con la situación de los refugiados, que tienen problemas de este estilo. Pero en este caso, la relación del refugiado como un tema de seguridad nacional pareciera ser preponderante para el Estado argentino”, apuntó Morales en diálogo con Tiempo.

El segundo motivo de preocupación sobre el que advirtió el CELS está dado porque “la regla de todo proceso vinculado a refugios es la confidencialidad. Porque la información que brinda el refugiado muchas veces es muy sensible para él y para el Estado que está acusando. Entonces la presencia de un funcionario de Seguridad puede estar tensionada con otros compromisos internacionales en materia de seguridad”.

Morales planteó además que este tipo de modificaciones muestra los alcances de la aprobación de la Ley Bases y la delegación de facultades al Presidente. “Se decía durante la discusión que iban a poder eliminar órganos, pero también modificar la sustancia de otros. Estos son los ejemplos concretos”.

“Es una modificación seria de una ley que es modelo, y que no es exclusiva de Argentina: hay parecidas en Uruguay, Bolivia, Paraguay. Es algo que llama la atención”, advirtió.

Derechos de personas refugiadas

Según la Acnur –Agencia de la ONU para los Refugiados-, las personas refugiadas “son aquellas que han buscado protección en otro país tras haber abandonado el propio para escapar de conflictos, persecuciones y otras formas de violencia”. En 2023, hubo más de 26 millones de desplazamientos en 148 países.

En la Argentina, el 8 de noviembre de 2006 el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.165 de Reconocimiento y Protección al Refugiado, promulgada días más tarde mediante Decreto Nº 1710. “Esta ley sienta los principios básicos en materia de protección y pone fin a la gran dispersión de normas que regulaban la materia, a la vez que señala un procedimiento claro para el reconocimiento de la condición de refugiados para las personas que así lo soliciten”, reseñó la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF).

Esa normativa reconoce los criterios establecidos en la Convención de 1951, el Protocolo de 1967 y la Declaración de Cartagena sobre el concepto de refugiado, y crea como órgano encargado de decidir sobre la procedencia de las solicitudes de refugio la Comisión Nacional para los Refugiados, que desde el decreto de Milei incluye al área de Seguridad.

¿Esta incorporación implicará cambios en las políticas argentinas hacia las personas que solicitan refugio? Está por verse. La modificación de esa ley coincidió con una gira de la canciller Diana Mondino por Suiza, que incluyó una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, a quien “le ratificó el compromiso de nuestro país para seguir trabajando conjuntamente con el ACNUR de manera de abordar la crisis de refugiados, que ha alcanzado dimensiones inéditas en la actualidad”, según la información oficial.

Argentina como refugio

Hasta ahora, la Argentina era distinguida por su acogida a las personas refugiadas. En 2020, el estudio Global Attitudes Towards Refugees [Actitudes globales en torno a refugiados] elaborado por IPSOS reflejó –tal como lo expresó en su momento el representante regional de ACNUR para América Latina, Juan Carlos Murillo- que “Argentina es uno de los países más amigables con los refugiados”.

De acuerdo a datos recolectados para ese mismo informe el año pasado y difundidos en julio último, el 80% de los argentinos estuvo a favor de que, para escapar de la guerra o la persecución, las víctimas puedan refugiarse en otros países, incluso el nuestro. En otros países de América, el porcentaje de respuestas positivas fue: 76% México; 75% Perú; 73% Colombia; 70% Estados Unidos; y 68% Chile.

Asimismo, el 69% de las personas encuestadas en Argentina estuvo de acuerdo con la premisa: “La mayoría de los refugiados que llegan a mi país se integrarán con éxito en su nueva sociedad”. Un porcentaje por encima del 62% de Brasil; 54% Ecuador; 51% Estados Unidos; 50% México; 48% Perú; 43% Colombia; y 37% Chile.

La percepción sobre el tema difiere mucho en esas encuestas de los comentarios que se comparten en redes sociales en relación a las personas que piden refugio, donde predominan el rechazo y la xenofobia.