El Gobierno finalmente giró el proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso. Como siempre, la iniciativa establece las estimaciones oficiales, pero según diversos diputados también mete por la ventana un intento por desmantelar la Ley de Emergencia en Discapacidad en el mismo momento en el que se empieza a debatir su prórroga por un año. “La Libertad Avanza no se detiene en su crueldad hacia las personas con discapacidad”, denunció Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica mientras que Juan Marino, de Unión por la Patria, sostiene que es “ilegal e inconstitucional”. 

El avance contra este colectivo no es una novedad. Desde hace tiempo, es un sector que está en la calle y pelea contra diversos ajustes y cambios impulsados por el gobierno. Según Ferraro, esta vez el Presupuesto 2027 intenta derogar artículos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada en el Congreso. El diputado detalla una serie de modificaciones que introduce la llamada Ley de Leyes en el capítulo VI de jubilaciones y pensiones: “El nuevo texto elimina dos principios fundamentales: que los aranceles sean iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado; Que esos aranceles se actualicen automáticamente mediante el índice de movilidad jubilatoria”. 

A la vez, buscan cambiar la definición sobre las personas con discapacidad basado en la Convención de la ONU que habla de Derechos Humanos e introduce una serie de variantes que afectan directamente a las contribuciones que recibe este colectivo. “Meter modificaciones permanentes de leyes de fondo en una ley de presupuesto viola el art. 20 de la Ley de Administración Financiera (Ley 24.156). A su vez, viola el principio de progresividad y no regresividad en Derechos Humanos”, refuerza Marino para argumentar el carácter ilegal e inconstitucional del intento oficial. 

Ferraro también lo evalúa en ese sentido: “En criollo, eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto para prestadores y personas con discapacidad”. 

La lucha del colectivo de discapacidad fue una de las más fuertes desde que asumió Milei. Enfrentó estigmatizaciones (reflejadas en el denunciado Manuel Adorni exhibiendo la radiografía de un perro), auditorías irregulares, desactualización de aranceles, amenazas de eliminar el Nomenclador que rige el sistema, cierres de centros de día y, como consecuencia, el abandono de tratamientos y terapias por gran cantidad de personas con discapacidad que dependen de esos tratamientos y terapias para tener calidad de vida.

A la vez, distintas organizaciones de la sociedad civil reclaman un nuevo pedido de prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y denuncian la grave situación de demora tanto en el otorgamiento de los Certificados Únicos (CUD) como en la resolución del tema de las pensiones no contributivas”, como ya contó Tiempo. En ese contexto, el gobierno vuelve a ensañarse contra el sector y profundiza otro conflicto.

Denuncian que el gobierno busca derogar artículos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad
Foto: Daniel Vides / NA