El gobierno destina 13 de cada 100 pesos que recauda a pagar intereses de deuda

La suba global en las tasas, sobre todo las que aplica el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, marcó el desempeño del sector público en los primeros meses de 2023, que utilizó casi 13 de cada 100 pesos recaudados para abonar intereses de su deuda. El monto utilizado para esas obligaciones provocó un agravamiento del déficit fiscal.

En los cinco primeros meses del año, el total de intereses abonados fue de $ 1,181 billones, casi tanto como el déficit primario (ingresos menos gastos), que alcanzó los $ 1,269 billones. Así, el déficit financiero total del sector público fue de $ 2,450 billones en ese período, según la recopilación de datos hecha por la Universidad Nacional de Avellaneda (UndAv), a través de su Observatorio de Políticas Públicas.

En años recientes, entre enero y mayo del 2020 los intereses pagados representaron el 15,2% de los ingresos. En los ejercicios siguientes, después de la reestructuración de la deuda con acreedores privados, la proporción bajó al 8,3% en 2021 y al 8,2% en 2022. Sin embargo, este año los intereses abonados representaron un 12,8% de los ingresos fiscales del período.

“Argentina actualmente se encuentra pagando sobretasa por el préstamo del FMI. Esto se explica por el gran tamaño de la deuda que tomó el gobierno de Cambiemos con el organismo, algo que resulta paradójico luego de constantes intercambios con el FMI en tanto el préstamo fue otorgado sin rigurosidad técnica en sus plazos de devolución y evaluación de solvencia. Sin contar que tres cuartos del préstamo se utilizó para dar salida a la deuda a altas tasas reales emitida en dicho gobierno, lo que va en contra de los mismos principios del organismo”, recuerda el trabajo hecho por la UndAv.

El proceso de suba de intereses que encararon las potencias centrales para reducir la inflación pospandemia, agudizada por la guerra en Europa del Este, llevó la tasa de interés del FMI al 4,03% anual, a lo que se suman otros tres puntos por la exposición crediticia del organismo (a lo elevado del monto prestado se suma un plazo de devolución mayor a los tres años). Esos sobrecargos fueron muy cuestionados en su momento por el gobierno argentino, que lanzó una fuerte ofensiva política, respaldada por otros países y también por figuras internacionales de prestigio académico, para lograr su remoción o al menos su disminución. Sin embargo, no tuvo éxito.

Ese 7,03% anual que cobra el FMI es muy similar, se cree (los datos son guardados en secreto por un pacto de confidencialidad entre las partes), a lo que cobra el Banco Popular de China por los tramos del swap con el Banco Central que se habilitaron para libre disponibilidad.

Claro que no toda la culpa la tienen el FMI ni China. En el mercado doméstico, el gobierno viene refinanciando los vencimientos de sus títulos en pesos con nuevos instrumentos cuyo capital se ajusta por la evolución del dólar o por la inflación, con niveles nominales cada vez más altos. Es la única manera en que consigue recursos frescos de los inversores para cubrir su déficit primario.

Ese mayor protagonismo de los intereses está enmarcado en una fuerte reducción de los ingresos públicos, como consecuencia del derrumbe en los derechos de exportación por la sequía que afectó la cosecha agrícola. Según la Secretaría de Hacienda, la recaudación por ese tributo en los cinco primeros meses del año fue inferior en $ 670.000 millones a las previsiones contenidas en el Presupuesto 2023, elaborado en septiembre pasado, cuando todavía no estaba claro que el impacto económico de la sequía fuera tan devastador.

El desbalance provocó un fuerte ajuste en el gasto público que también afectó a las partidas destinadas a la seguridad social, como señaló Tiempo en su edición impresa del domingo 9 de julio. “Cuando miramos los gastos primarios totales y por rubros, encontramos primero una declinación de los gastos en términos reales (-6,8%), es decir, que el Estado está reduciendo sus gastos totales. En el caso de los gastos primarios corrientes, estos también se reducen (-9,1%)”, señaló el estudio de la UndAv. A pesar de ello, el trabajo destacó que la inversión pública quedó fuera de ese ajuste: entre enero y mayo, los gastos de capital subieron 27% con relación al mismo período de 2022.