El Gobierno pone en marcha la agenda judicial: traspaso del fuero laboral a CABA, completar la Corte y los juzgados federales

Con el inicio de las sesiones ordinarias a la vuelta de la esquina, el gobierno se prepara para poner en marcha su agenda judicial con la que planea monopolizar gran parte de su año. Las versiones sobre la posible salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia no opacan las intenciones del oficialismo de completar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia, los juzgados federales y consolidar el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires por eso, los equipos técnicos y los operadores judiciales libertarios pusieron fin a su temporada de descanso y ya se mueven para cerrar los pendientes atrasados.

Como contó este diario días atrás, el traspaso del fuero laboral a la justicia porteña está marchando sobre rieles. Después de meses de contacto cero, y pese a una latente disputa política que Jorge Macri y Javier Milei mantienen en la arena electoral, los Ejecutivos resolvieron avanzar con un reclamo vigente desde hace más de tres décadas en pos del bien común. Los pormenores de las negociaciones están en manos del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y su par capitalino, Gabino Tapia, quienes desde antes del cierre de año trabajan para cerrar los lineamientos legales de una cesión que trajo aparejada una serie de reclamos dentro de los tribunales federales.

El acuerdo, que formalmente fue firmado por el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el propio Tapia el pasado 9 de febrero, contempla el traspaso de recursos -instancia que aún se encuentra en plena discusión-, responsabilidades administrativas y el cierre de treinta juzgados federales que, hasta que se apruebe el proyecto de ley enviado al Congreso, se mantendrán vigentes por otros 180 días para asegurar una transición ordenada. 

Una vez concretado el traspaso, sólo los conflictos colectivos de trabajo, las negociaciones paritarias y las causas vinculadas a la Ley de Asociaciones Sindicales seguirán a cargo de la Justicia Federal, instancia que generó un enorme resquemor puertas adentro del mundo judicial por la denunciada falta de integración a los trabajadores judiciales -incluidos los magistrados- en el proceso.

Desde la Ciudad, en tanto, se defienden. “Hace un año se puso en marcha el fuero de la Ciudad habilitando un concurso para 10 juzgados y 2 salas y además sancionó el código de procedimientos laboral de la CABA. Ese concurso fue judicializado por la Asociación de Magistrados. Es decir, nunca les interesó ser parte”, afirman desde el GCBA.

Pese a las escaramuzas, lo cierto es que el traspaso es prácticamente un hecho. Sin embargo, el cierre absoluto de todos los juzgados no se dará hasta dentro de, por lo menos, una década ya que el acuerdo prevé que los juzgados federales seguirán teniendo bajo su control las causas abiertas y que ingresen hasta la fecha formal del inicio del acuerdo. Luego, todas recaerán en los nuevos juzgados que se abrirán en la Ciudad en el corto plazo.

Con diez de ellos ya concursados, las negociaciones Nación-Ciudad estarán concentradas en los venideros tribunales. Daniel Angelici, socio político de Macri y accionista de la mitad de su gobierno, también formará parte del reparto. La titular de La Libertad Avanza porteña, Pilar Ramírez, será la encargada de escuchar los requerimientos del Tano y negociar en base a los deseos del oficialismo.

Para quienes conocen hace décadas el mundillo judicial, en tanto, no deja de ser llamativa la ausencia de Juan Manuel Olmos en la discusión. El barón del PJ porteño no sólo hace pie en la justicia capitalina, también supo consolidar una habitable convivencia con todos los oficialismos amarillos. Los malpensados advierten que su exclusión es una venganza del gobierno libertario por la imposibilidad de cerrar las negociaciones para completar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Aunque diferentes voces dentro del gobierno reconocen que completar el máximo tribunal no es una prioridad dentro de la lista de tareas inmediatas a completar, sí reconocen movimientos para consolidar la nueva composición de la Corte en el breve plazo. Para ello, en el gobierno tienen confeccionada una lista de potenciales candidatos que, llegado el momento, pasarán por una curaduría exhaustiva de la que también indefectiblemente deberá participar la oposición, sea o no dialoguista.

En este sentido, la dinámica dista mucho de cómo se planteó durante el primer intento, en el que el oficialismo pretendió nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como ministros. Por entonces, pese a sus siempre vigentes internas, el peronismo todavía conservaba un importante poder de fuego dentro del Senado, casa matriz de los acuerdos interpartidarios. Luego de la elección de octubre, y potenciado esta semana con la diáspora de Carolina Moisés, Sandra Mariela Mendoza y Guillermo Andrada que sufrió el bloque Justicialista, el poder de fuego del peronismo dentro de la Cámara alta es cada vez menor. 

Si bien la mayoría aún es custodiada por el peronismo, lo cierto es que estos cambios le dieron al gobierno la posibilidad de liberarse del partido que conduce Cristina Fernández de Kirchner e ir en búsqueda de nuevos acuerdos. Es en este punto de la trama que los gobernadores dialoguistas cobran un protagonismo central. Las más de 40 bancas que Patricia Bullrich logró aunar a costa de acuerdos subterráneos concedieron una veta que permite bloquear el peso del peronismo dentro del Senado. En el gobierno no sólo admiten que la utilizarán. También se bofan al advertir que el peronismo tardó demasiado en cerrar un acuerdo que parecía razonable para ambas terminales. Incluso, hay quienes advierten que de haberse completado por entonces las vacantes, la ex vice no estaría cumpliendo prisión domiciliaria en San José 1111. A esta altura, pura ciencia ficción.

Como sea, el gobierno está dispuesto a avanzar en estos nombramientos y la posibilidad de que una mujer ocupe una silla en Tribunales vuelve a ponerse sobre la mesa. “Lo estamos evaluando, hay varios nombres en carpeta, todavía no tenemos nada cerrado y seguimos escuchando opciones”, dijo a este diario una fuente al tanto de las discusiones. Lo único que está claro es que ninguno de los ex candidatos volverá a estar en carpeta y los nombres que resultarán electos serán letrados cuyos pliegos contarán con el apoyo necesario para que su tratamiento en el Senado sea prácticamente un trámite.

La situación es similar en los juzgados federales. Tal como vienen haciendo desde los primeros intentos, el gobierno se muestra dispuesto a escuchar las propuestas de los gobernadores, particulares interesados en completar las vacantes de los juzgados con competencia en sus provincias. En todo el país, las sillas a completar son más de trescientas. Con los tiempos apremiados y la posibilidad de caer en una circunstancia que lleve a una crisis de operatividad de la justicia, en el oficialismo reconocen que estos pliegos se resolverán aún más pronto que los de la Corte.

En tanto, la salida de Mariano Cúneo Libarona, aunque un secreto para nada oculto, aún no tiene fecha fija y no está claro que se concrete en el corto tiempo. Su silla en el ministerio de Justicia, que hoy custodia políticamente el asesor Santiago Caputo, es disputada por el ala karinista del gobierno. Martín y Eduardo “Lule” Menem no ocultan su voluntad de hacerse de la conducción del ministerio que les entregaría una importante condecoración dentro del oficialismo y su construcción de poder. La moneda, todavía, está en el aire.