El decreto dispuso la privatización, que deberá pasar por el Congreso.
El decreto, basado en la Ley N° 23.696, menciona que la estructura descentralizada heredada por la actual gestión incluye más de 60 empresas estatales y sostiene que Aerolíneas ha registrado pérdidas recurrentes, cubiertas solo con fondos públicos.
La norma indica que desde su reestatización en 2008, la compañía recibió aportes del Tesoro Nacional por aproximadamente 8.000 millones de dólares.
Entre los motivos de la privatización, se menciona la necesidad de adecuar la gestión de la empresa a los estándares del mercado global, señalando ejemplos como Air Canadá, Qantas y Lufthansa, que no cuentan con una participación significativa del Estado.
Además, se subraya que, en un contexto de alta pobreza y crisis económica, los limitados recursos fiscales deben destinarse a atender a los sectores más vulnerables.
El proceso de privatización se enmarca en los mecanismos previstos por la Ley N° 23.696, que contempla la venta de activos o acciones de la empresa. Según el decreto, se busca que Aerolíneas opere bajo criterios de eficiencia comercial, reduciendo la carga financiera sobre el Estado y promoviendo la competencia en el sector aéreo.
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