El Gobierno privatizará rutas y autopistas y sumarán nuevos peajes

El Gobierno anunció que avanzará con la privatización de casi 6 mil kilómetros de autopistas y rutas en todo el país, y que habilitará la participación de capitales privados en la compañía estatal Corredores Viales. Además, aseguraron que las empresas interesadas, a cambio de obras se quedarán con el cobro de peajes.

El anuncio fue realizado por el vocero Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa en la que, además justificó la entrega de las rutas con que el 45% de la totalidad de la traza que operaba Corredores Viales estaba en un estado crítico, los contratos de obra estaban paralizados y el atraso tarifario era de un 45% con relación a la tarifa técnica.

Corredores Viales S.A. es una empresa de capital social íntegramente estatal creada en 2019 cuyos accionistas son el Ministerio de Obras Públicas que posee el 51% y Vialidad Nacional con el 49%. Es la concesionaria de rutas y autopistas nacionales en 13 provincias de Argentina, que tiene a cargo sectores de las rutas 3, 5, 7, 8 y 9, entre otras. También controla las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. 

Adorni dijo que la participación del sector privado se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios.

«Se terminó la patria contratista donde subían los peajes y las rutas se caían a pedazos», discurseó el vocero.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, será el área encargada de promover la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de 10 tramos asignados a Corredores Viales, la ejecución de los procedimiento de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los corredores, la disolución y posterior disolución de Corredores Viales, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas.

Según Adorni, la medida favorece al sector privado con mejores mecanismos para la subcontratación de las obras que las de la ley de obra pública. También dijo que en 2023 la empresa registró un resultado económico negativo, con saldo de deuda con proveedores de 142.000 millones de pesos y pérdidas acumuladas por $268 mil millones.