Mendoza fue la única negativa, además de la Ciudad de Buenos Aires. Nación se abstuvo y Corrientes se ausentó.
El informe se conoce a pocos días de que venza el nuevo plazo otorgado por la Corte Suprema de Justicia para que los gobiernos nacional y de la ciudad acuerden sobre los fondos destinados al traspaso de la Policía Federal al ámbito porteño, que se cumplirá el próximo miércoles 11 de mayo.
Con las únicas negativas de los representantes de CABA y Mendoza, la abstención de Nación y la ausencia de Corrientes, el organismo determinó que «se evidencia que tanto la Contaduría General de la Nación como la Tesorería General de la Nación registran ingresos al Tesoro Nacional provenientes de la CABA, durante los ejercicios 2016 y 2017, por las sumas de $8.350.718.603,97 y $3.135.737.825,16, respectivamente», un informe que fue aprobado ayer por un total de 21 provincias.
Por lo tanto, «es que cabe concluir que el costo total estimado de la transferencia de funciones asciende a la suma de $11.486.456.429,13, sin perjuicio de la correspondiente deflactación que pueda corresponder en los diferentes períodos», añadió el escrito al que accedió Télam.
En paralelo, el informe aportado por Nación durante las negociaciones con el Gobierno de la Ciudad había arrojado un número similar, en poco más de 8.000 millones de pesos, sin tener en cuenta el índice inflacionario contemplado por el informe de la CFI, lo que dejó en claro cifras similares.
Estas cifras, proyectadas al año 2021 marcaron también contradicciones, dado que CABA reclama 112.000 millones, mientras que las provincias avalaron con su informe técnico un monto de 43.000 millones de pesos.
El monto referenciado no contiene compensación alguna por la transferencia de bienes acordada en los convenios.
La CFI tomó intervención en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2016.
En ese marco, la Comisión Informante «recomienda al Plenario de Representantes de la Comisión Federal de Impuestos la aprobación de la presente y del Informe del Grupo Técnico».
El 10 de marzo pasado, los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad mantuvieron una audiencia pública ante la Corte Suprema para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por el porcentaje de fondos transferidos al distrito, que pasó de 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Macri -luego reducido al 3,5% por aquel mismo Gobierno.
El 9 de septiembre de 2020 cuando, durante la pandemia de coronavirus y a través del Decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4%.
Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicaba que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.
La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril.
Al día siguiente de ese vencimiento, la Corte aceptó el pedido realizado por las partes y otorgó una prórroga de 15 días para dar continuidad a las negociaciones que sostienen ambas jurisdicciones, plazo que vence el próximo miércoles.
La posición de la Nación ya cuenta con el apoyo de los gobernadores de Santa Cruz, La Rioja, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y Formosa, que se presentaron ante el tribunal como amicus curiae.
Los mandatarios provinciales se encuentran en «alerta» y respondieron al pedido de «apoyo» efectuado por la Casa Rosada: entienden que una medida cautelar o un fallo de fondo que atienda los intereses porteños “atenta contra el federalismo, contra la ley de Coparticipación y las normas que consolidan los porcentajes asignados a cada distrito”.
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