Tras la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/17, del expresidente Mauricio Macri, que facilitaba la expulsión de migrantes, un número creciente de referentes de la oposición salieron a criticar duramente la decisión del actual Gobierno Nacional y, entre otros argumentos, plantearon que esta medida supuestamente facilitaría el ingreso de “narcos y delincuentes” extranjeros al país.
Al respecto, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad nacional, Elizabeth Gómez Alcorta, no sólo celebró la medida gubernamental, sino que aseguró que «es falso» que la anulación del DNU firmado en 2017 permita «el ingreso de narcotraficantes o delincuentes a la Argentina».
«La oposición hace alusión a que ahora con la derogación del decreto se va a permitir el ingreso de narcotraficantes o delincuentes a la Argentina: eso es absolutamente falso», remarcó Gómez Alcorta a la agencia oficial Télam.
En este sentido la funcionaria recordó que «la ley original (25.871), que estaba antes del decreto inconstitucional de Macri, es muy explícita» y mencionó que en su artículo 29, inciso C, se establece que «son causales para impedir el ingreso o la permanencia a quien fue condenado o esté cumpliendo condena o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, estupefacientes, lavado de dinero o delitos que sean reprimidos con tres años o más de prisión».
«La ampliación que había hecho el decreto de Macri era sobre cualquier delito que tuviera pena de privación a la libertad», puntualizó la ministra, además de recordar «el temor que tienen las mujeres migrantes, que en general viven en la informalidad laboral, de que por una detención ante una contravención implique su expulsión del país».
En ese punto, Gómez Alcorta subrayó: «Eso es vulneratorio a los derechos constitucionales… las menciones que por estas horas hace la oposición tienen un profundo contenido ideológico muy claro».
«Hablamos de un sector de la política que entiende a los migrantes como delincuentes y a los vendedores ambulantes como peligrosos. Hay mala fe, porque la ley es clarísima en que de ningún modo alguien que cometa un delito grave estaría exento por esta modificación», indicó.
Además, la ministra recordó que «desde 2004, la Argentina tiene una política migratoria acorde a los estándares internacionales de Derechos Humanos, y reconocida a nivel internacional. En 2017 el gobierno de Macri, por medio de un DNU, modificó esa ley con una mirada que claramente asimila temas de migración a problemas de seguridad nacional, con un discurso xenófobo y racista».
«Aquel decreto fue enormemente cuestionado por organismos internacionales. Se judicializó y la Sala Quinta de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal declaró su inconstitucionalidad íntegra. En el marco de esta situación, el DNU de hoy lo único que viene a hacer es derogar aquel decreto y dejar vigente la norma original», remarcó.
