Graciela Jacob: «Lo del Instituto es la carta de defunción de la política pública sobre el cáncer»

La tragedia climática que se desató sobre Bahía Blanca y la represión feroz en la marcha de las y los jubilados coparon la agenda de los últimos días con una vorágine que opacó todo lo anterior. Pero apenas 24 horas antes del temporal fatal el Gobierno hacía un anuncio drástico: el Instituto Nacional del Cáncer (INC) deja de existir y queda «absorbido» por el Ministerio de Salud. Con la justificación de siempre (las ‘irregularidades’ de la gestión anterior), el mensaje pasó como uno más entre tantos recortes al Estado.

Sin embargo, la alarma se encendió de inmediato entre quienes, por cuestiones profesionales o personales, conocen de cerca el universo oncológico. Mientras organizaciones de pacientes y familiares se pusieron en campaña para repudiar el cierre e intentar evitarlo, especialistas comenzaron a advertir sobre sus implicancias. Como Graciela Jacob, socióloga y médica experta en cuidados paliativos. Ingresó al INC en 2012 y fue designada como directora a comienzos de 2015, hasta que asumió el macrismo. “La intención (de eliminar el INC) es bastante equivalente a lo que se hace con el Conicet, la ciencia, la tecnología: restarle la importancia que tiene, pensar que todo es un gasto, no entenderlo como una inversión –plantea–. No entender que un niño con chances de sobrevivir al cáncer si se atiende en un lugar de excelencia no tiene las mismas chances si no se atiende en un lugar de excelencia. Estamos frente a una situación en la que el Gobierno se equivoca. Si no, hay que pensar que es maldad”.

En diálogo con Tiempo, afirma que “descentralizar al INC va a llevar a una burocratización mayor, esto que se firmó es la carta de defunción del Instituto y de la política pública sobre el cáncer en Argentina”.

-¿Cuál es –o era– el rol del INC?

–El Instituto tenía como función ocuparse de disminuir la morbimortalidad por cáncer en Argentina. A partir de varias líneas de acción. Una tiene que ver con investigación, docencia, formación continua y en terreno. Un área importantísima en epidemiología que logró tener un mapa del cáncer en el país, saber cuáles son los más frecuentes, en qué regiones son más importantes unos que otros, y en función de eso se diseñó la política de prevención, detección precoz y calidad en el tratamiento. A partir de ahí se hicieron tres líneas: cáncer cervicouterino, de colon y de mama. 

–¿Qué implicaría la absorción por parte del Ministerio?

–Esas tres líneas no pueden ser absorbidas de ninguna manera por el Ministerio. Entre otras cosas, porque no tienen ni la expertiz ni los instrumentos de todo lo que se desarrolló en 15 años en el INC. Absorber es desguazar, desmembrar, destruir. Es la destrucción de 15 años de conocimiento acumulado y entrenamiento sostenido del recurso humano. Es cierto que el cáncer es una enfermedad no transmisible como las cardíacas o la diabetes (y la dirección abocada a ellas quedará a cargo del tema, según se anunció), pero tiene un nivel de complejidad que requiere otra aproximación. Es muy aventurado que el Ministerio crea que va a poder absorber las funciones. Y mienten al plantear que había superposición de tareas.

–También argumentaron que había falencias en la compra de opioides.

–En la decisión que publica el Ministerio deja correr un manto de sospecha sobre cómo se gerenció y cómo se trabajó en la compra de opioides. Hay cosas que se podrían eficientizar. Pero sobre el hecho de que hubiera comprimidos ‘sobrantes’, hay una parte que es inevitable porque no podés tener la previsión exacta de cuántos comprimidos vas a necesitar. Porque mañana llegan tres pacientes nuevos y hay que tener stock, todos los lugares tienen que tenerlo. ¿Y por qué se dejaron vencer? Quien distribuye los comprimidos es el Ministerio, no el INC. De manera que los errores de coordinación dependían de cómo estaban aceitados esos circuitos. Hay cosas para mejorar, sin duda. Pero quien está en condiciones de mejorar los circuitos es quien trabaja en eso. No el Ministerio desmembrando en distintas secretarías un trabajo integrado. Si no está integrado, deja de tener sentido.

–Una de las preocupaciones que generó el anuncio es sobre el futuro de la Ley de Oncopediatría que lo tenía como autoridad de aplicación. ¿Qué está en juego?

–Por esta ley el INC otorga un certificado, el CUOP (Certificado Único Oncopediátrico), a través del cual niños y adolescentes con cáncer de todas las provincias que tienen que venir a atenderse a la Ciudad. Tienen un hospital de referencia, el Garrahan, a partir de un convenio con la Organización Panamericana de la Salud. Las madres de los niños necesitan un lugar donde vivir, transporte, una licencia y dinero. Todo esto está contemplado en el CUOP. Fueron convenios hechos con distintos ministerios y cubre a todo el país. Haber logrado eso en un país federal fue una tarea titánica. Que explique el Ministerio cómo va  a poder sostener eso, desde la identificación de esos niños, saber dónde están.

–¿La descentralización que proponen conlleva un riesgo?

–El Garrahan tenía –porque ya hubo renuncias– el mejor servicio quirúrgico de América Latina para tumores de cerebro infantil. No tenía sentido un neurocirujano pediátrico especializado en San Luis para ver un chico cada tres años con esta patología. Había que concentrarlo. La lógica de concentrar la tarea en un lugar es para que los recursos estén mejor distribuidos. Acá se está haciendo exactamente lo contrario. Todo descentralizado y fragmentado. Ya sabemos adónde llevó a la salud en el país la descentralización de los años 90. Esto es peor.