Las grandes empresas respaldan la reforma laboral mientras siguen quejas en las pymes

Una parte de la estrategia de la CGT por la reforma laboral ha sido la de tirar puentes con sectores empresariales, especialmente pymes, para que se pronuncien en contra de algunos artículos del proyecto oficial. Le ha dado resultados con tres cámaras importantes, la de Comercio (CAC), de la mediana empresa (CAME) y de medianas empresas metalúrgicas (Adimra).

Pero la movida de la CGT enfrenta, del otro lado, el férreo respaldo al proyecto original manifestado por la Unión Industrial (UIA) y cámaras menores como la de autopartistas (AFAC) y de distribuidores mayoristas (Cadam).

Este jueves se conoció que cámaras empresarias (de industria, comercio y servicios) que funcionan en Entre Ríos enviaron cartas a diputados y senadores en las que manifestaron su respaldo general a la iniciativa, pero también su rechazo a cinco artículos “cuya aprobación podría desvirtuar el objetivo central de la reforma y derivar en un escenario de mayor imprevisibilidad y conflictividad laboral”.

Al igual que la CAC, CAME y Adimra, los empresarios entrerrianos apuntaron contra los artículos que limitan la ultraactividad (el 126 del proyecto); eliminan el aporte obligatorio empresario estipulado en las paritarias (128); cambian el orden de prelación de los convenios dándole preeminencia a los de empresa por encima de los de rama (130 y 131) y amplían las facultades del Estado para suspender partes de los convenios en nombre del “interés general” o para evitar “distorsiones económicas graves”.

El temor de estos sectores empresarios es que esos cambios podrían ser judicializados y -peor aún- convertirse en la mecha que haga estallar los conflictos laborales en las ciudades, con el costo social y político que conllevan.

Respaldan al gobierno

Las grandes empresas respaldan la propuesta del gobierno, tanto en general como en particular. No le temen a una judicialización de la norma: al contrario, apuestan a que la justicia fallaría en favor de mantener la ley en caso de un reclamo sindical. Y en relación a la mayor conflictividad, confían en que será la propia CGT la que lo evitará en función de sostener las estructuras gremiales y las obras sociales.

Esta es la actitud en la UIA. Su presidente, Martín Rappallini, presentó en una reunión técnica del Senado en diciembre un documento con 20 puntos entre los cuales había uno que responsabilizaba a la actual Ley de Contrato de Trabajo por el estancamiento en la generación de empleo. En otro aseguraba que la reforma laboral debía ir en contra la litigiosidad en tribunales y los altos costos en los seguros de riesgo del trabajo. La UIA respalda el fin de la ultraactividad, reclama convenios por empresa y cree que una mayor intervención del Estado limitará el poder sindical en las futuras paritarias.

Todos acuerdan con el reemplazo de las indemnizaciones por el Fondo de Asistencia Laboral, formado con lo que dejan de contribuir a la Seguridad Social. «