Tiene una granja agroecológica, denunció fumigaciones y le mataron animales: apunta a «la mafia de Vicentin» y a la Comuna

La Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, una coalición comprometida con una agricultura sin venenos, denunció un acto de extrema gravedad ocurrido en Campo Hardy, al norte de la provincia: en un giro dramático, la familia Dubouloy, conocida por su labor agroecológica y amor por los animales, ha sido víctima de un acto de crueldad y maltrato animal de proporciones indescriptibles, describe la ONG, que apunta a las autoridades políticas y judiciales, así como al poder real en el norte provincial: el clan Vicentin.

El pasado viernes 18 de agosto, Jorge Dubouloy, al notar la desaparición de sus chivos en su campo del departamento General Obligado no imaginaba el horror que encontraría. En los alrededores, se toparon con una escena dantesca: chivos y ovejas muertos, otros heridos y atados a árboles, indefensos y expuestos al ataque de otros animales. Esta grotesca escena de maltrato animal sugiere un acto de amedrentamiento deliberado, interpretaron desde Paren de Fumigarnos.

“En estos días, vimos animales muertos, maltratados. Sufrimos una persecución política por nuestras denuncias. Me siento desprotegida” afirmó Flavia Zanutigh, integrante de la ONG, en diálogo con el programa Trascendental de la radio LT8. Y agregó: “Desde 2015 realizamos denuncias contra las fumigaciones de soja y algodón, pero nunca tuvimos respuestas del fiscal”.

Zanutigh confirmó que las denuncias se multiplican, pero las acciones concretas parecen esquivas. “Hace 15 días, luego de hacer una denuncia contra ese fiscal, por su inoperancia, comenzó todo: personas armadas y con perros que se llevan chivos y ovejas, que son producción del emprendimiento Santa Inés que tenemos con mi esposo”, describió para de inmediato agregar: “Cuando contabilizamos, nos faltaban 11 chivos y 13 ovejas. Y hoy mismo, encontramos a un caballo envenenado”.

Flavia entiende que es una devolución por las denuncias de agroquímicos realizada en los últimos años a grandes empresas como Vicentin y la Algodonera Avellaneda, parte del mismo grupo empresarial investigado por fraude a raíz de un multimillonario pagadiós. “Los chicos de nuestra zona tiene daños en la piel, fumigan pegado a las escuelas rural”, enumeró, para de decir enseguida: “Los gringos no dan la cara; mandan a sus peones. En este pueblo hay mucha miseria y ellos aprovechan eso para manipular a un sector de la gente. Ayer por la tarde, entró a mi domicilio gente que yo había denunciado, y me amenazó”.

“En principio, la guardia me tomó la denuncia; quizás, por el respaldo que tengo de mis compañeros de la multisectorial, de la cual soy la encargada, en esta zona, de dar a conocer los daños que nos provocan las fumigaciones. Pero a la guardia (rural Los Pumas) le costaba creer (lo denunciado), hasta que mi marido reconoció a las personas que estaban causando ese daño y dio sus nombres”.

Las denuncias que Flavia y su compañero hicieron “fueron por daños en la piel de los niños de nuestra zona. Nunca hubo en Hardy, como sí hubo de otras localidades, la posibilidad de llegar a obtener el beneficio de un amparo judicial, porque la Comuna opera para el sector de los productores”. De acuerdo a la mujer, esos productores “no sólo son los de Hardy; la mafia incluye a Vicentin, y a Cooperativa Avellaneda. No es casualidad que en 2015, quien firmó y autorizó la fumigación es un ingeniero agrónomo que hoy es tesorero de la Comuna de Hardy. No puede tener objetividad para tratar una ordenanza que nos proteja”.

Y cerró la productora rural: “El fiscal Norberto Ríos opera para los poderes local y zonal de turno, y la Comuna, para los grandes productores”.