La Conadu Histórica y la AGD-UBA ratificaron la medida de fuerza que paralizará las facultades desde este martes en reclamo del cumplimiento estricto de la Ley de Financiamiento Universitario.
La contundente medida de fuerza sectorial se activó luego de que la semana pasada el Gobierno Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras federaciones firmaran un acuerdo que establece un aumento salarial del 21,3% en junio y del 3% en septiembre, además de partidas presupuestarias adicionales y fondos específicos para los hospitales universitarios.
Sin embargo, la propuesta oficial fue rechazada de plano por la Conadu Histórica y diversas entidades gremiales de base, las cuales decidieron ratificar de forma independiente la huelga general programada para los próximos días. Desde las bases docentes señalan que el incremento ofrecido licúa los ingresos frente a la escalada inflacionaria previa.
Al respecto, la secretaria general de AGD UBA, Laura Carboni, explicó que “se impuso el rechazo» al acuerdo pactado entre los rectores y la gestión del presidente Javier Milei, el cual consideró que fue “avalado por el resto de las federaciones docentes y nodocentes” pero terminó generando «un repudio masivo entre las y los trabajadores“.
La dirigenta sindical remarcó además que la disconformidad se expresó en las calles mediante el inmediato surgimiento de coordinaciones integradas por miles de docentes autoconvocados. «Lo que pedimos es que se cumpla la ley, que establece un aumento por encima del 50% para nuestros salarios; este acuerdo, tejido a espaldas de los trabajadores, intenta cerrar el conflicto universitario atentando contra nuestros bolsillos y contra las becas de los estudiantes», denunció.
Durante los últimos días de la semana pasada ya se habían registrado diversas acciones de protesta en las principales ciudades universitarias del país. Estas asambleas, organizadas por sectores autoconvocados, volvieron a sesionar este fin de semana para coordinar la logística del rechazo a la firma y unificar la exigencia del cumplimiento de la normativa legal, mientras los sindicatos evalúan cómo profundizar el plan de lucha una vez concluida la semana de paro.
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