En primer lugar están las instituciones colonizadas por las clases dominantes. Nos referimos a organizaciones que hacen a la vida republicana, pero por cooptación o corrupción dejan de obrar para el Bien Común, según los resultados de las elecciones, para privilegiar los propios objetivos, independientes de las necesidades populares y de la expresión política de la ciudadanía. Como la administración de justicia es el poder más selectivo y menos electoral, es allí donde van los esfuerzos de las oligarquías políticas, económicas, sociales y mediáticas. Lo llaman “lawfare”, aunque es un episodio más de la lucha de clases entre nacionales y liberales.
En este caso, es el Ministerio Público de Guatemala que propicia la sedición. Es una institución que reúne a todos los fiscales del país, desde el nivel local hasta el nacional, y tiene por misiones mantener el estado de derecho, investigar causas de acción pública y proveer a la querella en las demandas privadas. Son atribuciones variadas y extensas, propias a interpretación arbitraria. La actual fiscal general se llama María Consuelo Porras.
Porras tiene una predilección para perseguir periodistas, referentes de movimientos sociales y hasta los propios fiscales que no le responden. Incluso y sobretodo persigue a las familias de los acusados mediante allanamientos. Desde que Arévalo entró en carrera para la presidencia, Porras atacó la personería del Movimiento Semilla (arevalista), dirigentes y diputados de Semilla e incluso amagó con arrestar al propio Bernardo Arévalo. Lo que sí consiguió es argumentar que faltaban avales de 2018 para el reconocimiento del Movimiento como partido político, con lo cual Semilla fue disuelto ahora como bloque parlamentario. Además mandó arrestar a la abogada Claudia González Orellana, defensora de los atacados por el Ministerio Publico, bajo el cargo de abuso de poder, una figura que compete a los funcionarios públicos, cuando la Dra. Orellana sólo desarrolla la práctica privada…
Otro de los problemas que enfrenta la democracia guatemalteca es la influencia religiosa en la política: hablamos de la corriente neopentecostal evangélica. Nacida en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, esta opinión ha cobrado relevancia en América Latina cuando Juan Pablo II demuele la teología de la liberación y deja el campo libre a esas sectas, apoyadas por medios, figuras carismáticas e incluso gobernantes, como el dictador Ríos Montt en Guatemala, o el presidente electo Jimmy Morales -notorio evangelista- que nombró a Porras. De hecho, la mitad de los cristianos guatemaltecos se identifican como evangelistas. Cuando la política no contiene ni conduce…
Como sostiene Civilta Cattolica, una publicación jesuita que recomendamos, “ha sido determinante la presencia del líder carismático Carlos Enrique Luna Arango, llamado Cash Luna”, una persona comprometida con algunos asuntos de narcotráfico y lavado de dinero. Lo más grave, dicen, “es su perverso efecto en la gente pobre. En efecto, no solo exacerba el individualismo y anula el sentimiento de solidaridad, sino que impulsa a las personas a tener una actitud milagrera para la cual la prosperidad solo puede procurarse por la fe y no por el compromiso social y político”. De este modo “no hay compasión por las personas que no son prósperas, porque, claramente, ellas no han seguido las «reglas» y, por tanto, viven en el fracaso y, consiguientemente, no son amadas por Dios”. Son ultraconservadores en temas sociales y ultraliberales en temas económicos. ¿Suena conocido?
Esos son sólo dos de los problemas que enfrenta Arévalo. Ha sido electo, ahora debe construir poder y esquivar las balas. Una costumbre familiar. Digamos que la política es un asunto de relativos, la fe es un tema de absolutos. Mezclar la fe con la política es poner como absolutos lo que son posiciones relativas, provocar el esencialismo, naturalizar los hechos sociales como si fueran de origen divino. Es el fin de la argumentación, del debate, de la democracia sin más. ¡Suerte Guatemala!, ¡Cuidado Argentina!
Se reunieron en el marco del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
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