Guido Lorenzino señaló que la Provincia no está de acuerdo con la judicialización del conflicto y que busca “una salida sin violencia” ya que "las personas están en la toma por una necesidad social, no por un delito".

«Más allá de que no estamos de acuerdo que el tema esté judicializado, el juez tiene buena voluntad para acompañar las decisiones de la Provincia», expresó Lorenzino y destacó que «las personas están en la toma por una necesidad social, no por un delito».
El martes, el juez de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo, aplazó la ejecución de la orden de desalojo, prevista inicialmente para este miércoles, para los días 1, 2 y 5 de octubre.
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El magistrado hizo lugar a una presentación del ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien pidió que se adopte esa medida para «continuar negociando una salida sin violencia», con la asistencia de la Mesa de Articulación que integran organismos de la provincia de Buenos Aires y agrupaciones barriales.
Lorenzino, en declaraciones a El Destape Radio, sostuvo que «la fecha es el 1 de octubre pero seguro va a llevar más tiempo» y manifestó que «la salida es de política pública».
«Planteamos la no judicialización de la toma y estamos en contra de la intervención de la fuerza de seguridad», remarcó el Defensor y destacó que «los propietarios reclaman algo legítimo, que son sus terrenos, pero tienen que entender que esa respuesta no es inmediata».
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En tanto, consideró que «los medios necesitan construir un imaginario de tomas masivas que no tiene nada que ver con la realidad» y añadió: «Hay muchos que la realidad los obligó a buscar un espacio. La necesidad es real. Puede haber algún pícaro, pero la necesidad es real».
La toma en el Partido de Presidente Perón se desarrolla desde julio pasado en un predio de unas 100 hectáreas que fue ocupado por unas 2.500 familias que buscaban un pedazo de tierra donde vivir.
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Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación están realizando el censo para conocer de dónde es cada familia y buscar una solución particular a cada caso. «No se puede promover la toma de tierras pero tampoco desconocer que hay un evidente problema y necesidad habitacional», manifestó el titular de esa cartera, Daniel Arroyo, en diálogo con El Destape Radio, y agregó que «la salida estructural es la urbanización los 4.400 barrios donde viven 4 millones de argentinos».
En ese sentido, explicó que la urbanización de esos barrios tiene que ser “una política de estado” y se debe avanzar con 400 barrios por año para en 10 años poder cubrir la totalidad. «No solo hay que urbanizar los barrios sino desconcentrar» porque “en el 1% del territorio que es el AMBA vivimos 17 millones de argentinos», aseguró y sostuvo que “hay una parte de los argentinos que viven más parecido al siglo 19 que en el siglo 21″.
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