Por solicitud del gobierno bonaerense, el juez penal que entiende en la causa por la toma de tierras aceptó la prórroga de una semana. Una Mesa de Articulación integrada por organismos provinciales y organizaciones sociales negocia una solución "sin violencia".
El juez penal de La Plata Martín Rizzo aceptó el pedido y aplazó la ejecución de la orden de desalojo, prevista inicialmente para este miércoles, para los días 1, 2 y 5 de octubre. Fuentes judiciales informaron que el operativo podría volver a postergarse si avanza una negociación para el traslado de los ocupantes a otros lugares de la provincia.
El gobierno bonaerense viene abogando por una salida «sin violencia» para la toma en Guernica, con la asistencia de una Mesa de Articulación integrada por organismos de la provincia de Buenos Aires y organizaciones barriales. De ahí la solicitud presentada ante el juez por Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad.
Pasadas las 18 de este martes, y ya con la prórroga confirmada, Larroque y otros funcionarios se reunieron con delegados y delegadas de las familias que participan de la toma y de las organizaciones que los acompañan, para empezar a pensar salidas a la situación y en cierto modo discutir oficialmente lo que ya venían discutiendo hace 40 días con la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, que hasta aquí, al decir de casi todos los actores, mostró «escasa muñeca» para hallar alternativas viables a una situación que no dejó de escalar.
Las propuestas que se oyeron, por el momento, giran alrededor de dos puntos: la posibilidad de que el gobierno bonaerense avance en un fideicomiso que permita adquirir una parte de esos terrenos, no la totalidad, para llevar adelante un loteo social otorgando algún tipo de subsidio habitacional a las 2500 familias que se instalaron allí, o bien que brinde un apoyo económico para solventar alquileres en otras locaciones mientras se identifican otras tierras fiscales disponibles.
La toma en el partido de Presidente Perón se convirtió en el emergente visible de una tragedia que padecen cientos de miles de personas: la falta de un techo y un pedazo de tierra donde establecerse, en el contexto de un déficit habitacional exacerbado por la falta de políticas públicas en términos de vivienda durante el último lustro.
“No tengo dudas de que la intendenta Cantero y el gobernador Axel Kicillof encontrarán junto a los vecinos una salida consensuada y definitiva a la problemática”, aseguró Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Políticas Sociales. “Hay que generar suelo urbano para los sectores populares en donde el precio de la tierra tenga relación con el salario mínimo. Todas las tomas se resolverán sin violencia, cuidando el derecho a la propiedad privada como también el derecho a la vivienda digna”.
Esos parecen ser ahora los ejes de una discusión que los medios concentrados pusieron en el centro de la escena: por un lado, la propiedad “avasallada”; por el otro, el padecimiento de los cientos de familias que creyeron hallar en ese predio de casi 100 hectáreas una solución a sus penurias.
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