El gobierno bonaerense busca que la salida de los ocupantes sea "lo más ordenada posible" y dijo que la mayoría aceptó retirarse en forma pacífica. El plazo judicial vence el viernes.
“Cuando la Justicia lo disponga, habrá que avanzar y ejecutar el desalojo. Se está trabajando para que sea lo más ordenado posible”, aseguró el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, en declaraciones a la FM Futurock. La fecha estipulada, luego de dos postergaciones que abrieron el margen para la negociación, es el viernes 30.
De todas maneras, el funcionario aseguró que la mayoría de las cuatro mil personas involucradas prefirió dejar la ocupación de modo voluntario. “Se ha trabajado muchísimo tiempo en tratar de lograr que las personas se retiren de manera pacífica, ordenada, consensuada, trabajada, con soluciones temporales y parciales que ha planteado nuestro Gobierno”, dijo Bianco. «También hay que destacar que algunas organizaciones no tienen el objetivo de terminar la situación de manera ordenada y pacífica, o sea que también se están jugando otros factores», advirtió.
El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, instaló en el lugar una sede provisoria donde a diario se desarrollan reuniones para avanzar en el abandono del terreno. En ellas intervienen representantes de organizaciones sociales que respaldan a los ocupantes y organismos de derechos humanos. Entre otras medidas, se realizó un censo para identificar a cada una de las familias y se ofrecieron soluciones temporales a quienes aceptaron irse, como la habilitación de centros de transición donde las familias podrán quedarse hasta poder ser derivados a tierras fiscales incluidas en el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat. “Ahora queda un pequeño grupo, no sabemos el número definitivo”, dijo Bianco.
Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie (una de las organizaciones que participa de las negociaciones), dijo a la agencia Télam que «se están haciendo las últimas reuniones para tratar de definir la aceptación o no de la propuesta del Gobierno, que planteó que un sector de la toma se traslade a un espacio transitorio y abandone el lugar».
El sitio en cuestión está ubicado en el partido de Presidente Perón y fue ocupado en julio por unas 1.200 familias que vivían en localidades aledañas. En esas 100 hectáreas, el grupo inversor Campos del Bellaco proyectaba realizar un emprendimiento inmobiliario. El desalojo fue ordenado por el juez de Garantías de La Plata, Martín Rizzo, a pedido de los dueños del predio. La decisión fue postergada en dos oportunidades a pedido del gobierno provincial, pero el magistrado fijó una nueva fecha límite para el viernes- Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad impartió órdenes para el despliegue de cuatro mil efectivos para respaldar el desalojo.
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