La renuncia de Joe Kent dejó al desnudo las debilidades de un Gobierno estadounidense fuertemente infiltrado por Israel.

“No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, argumentó Kent, en su dimisión pública.
En su primer entrevista tras la renuncia, concedida al expresentador de Fox News Tucker Carlson, Kent reiteró que altos funcionarios israelíes y miembros influyentes de los medios estadounidenses desplegaron una campaña de desinformación que, según dijo, “socavó por completo la plataforma ‘Estados Unidos Primero’ del presidente Donald Trump, alimentando sentimientos belicistas para azuzar una guerra contra Irán”. También insistió que “no existía ningún dato de inteligencia” que indicara que Irán estuviera planeando un “gran ataque furtivo” contra Estados Unidos.
La dimisión de Kent, sin embargo, no fue el final de su exposición pública, sino el comienzo de una nueva controversia. Medios estadounidenses revelaron que el FBI está investigando al exfuncionario por presunta filtración de información clasificada, una indagación que ya estaba en curso antes de su renuncia, según informó Washington, en lo que fue interpretado por analistas como una maniobra de manipulación informativa.
Más allá de la verosimilitud de las justificaciones, y que el propio Trump desestimara a Kent como alguien “muy débil en materia de seguridad”, las palabras del exdirector del Centro Nacional Antiterrorista obligan a analizar quién define la política exterior de Estados Unidos.
Para responder a esta pregunta, es necesario mirar hacia atrás. La relación entre los EE.UU. e Israel no es un pacto improvisado. Como ha señalado el historiador Hal Brands, “contrariamente a la creencia popular, Estados Unidos e Israel no siempre han estado tan unidos”. En 1956, Washington obligó a Israel a detener su guerra contra Egipto. La alianza fuerte emergió recién en la década de 1970, cuando Estados Unidos necesitaba “sheriffs regionales bien armados” para gestionar su alcance global.
Desde entonces, la relación se ha institucionalizado hasta un punto sin precedentes. A través del programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF), Israel recibe anualmente 3.800 millones de dólares en ayuda militar. Pero lo más significativo es el principio de la “Ventaja Militar Cualitativa” (QME), codificado en la ley estadounidense desde 2008. Bajo esta disposición, Washington está legalmente obligado a garantizar que Israel mantenga una superioridad militar sobre cualquier adversario regional.
Esto significa que antes de vender armas a otros países de Medio Oriente, EE.UU. debe evaluar si esa venta podría erosionar la ventaja israelí; si así fuera, Israel debe ser compensado con sistemas más avanzados.
El resultado es que Israel se ha convertido, en palabras de Brands, en un “multiplicador de fuerza”. Posee capacidades militares, de inteligencia y tecnológicas propias que lo convierten en un socio indispensable, pero también en un actor con capacidad de iniciativa propia. Esta independencia, sin embargo, tiene un precio para Washington.
En junio de 2025, Israel destruyó los sistemas de comando y control, defensa aérea y capacidades de misiles de Irán, en una operación que dejó a EE.UU. en posición de “terminar la guerra con un ataque a sus instalaciones nucleares”. Pero la cooperación en la guerra actual ha alcanzado un nivel histórico: funcionarios de ambos países planificaron una ofensiva combinada para eliminar el liderazgo iraní y paralizar su ejército.
Mientras Estados Unidos concentra su atención en Irán, Israel ha aprovechado la ventana estratégica para expandir sus operaciones en otros frentes. El ejército israelí ha intensificado sus ataques en el sur del Líbano, donde ha desplegado tropas en nuevas posiciones y ha ordenado la evacuación de más de 1.470 kilómetros cuadrados, afectando a más de 800.000 personas.
Los bombardeos sobre Beirut y el sur del país han dejado más de 800 muertos, mientras el gobierno israelí advierte que podría establecer una “zona de seguridad” hasta el río Litani si el Estado libanés no desarma a Hezbolá.
Al hacerlo, Israel avanza hacia objetivos que durante mucho tiempo estuvieron limitados por restricciones prácticas. Como ha señalado el analista Ben Reiff en The Guardian, la retórica de los líderes israelíes sugiere una determinación por reconfigurar el entorno estratégico mientras la atención internacional sigue puesta en Irán.
En este sentido, Israel se perfila como el principal beneficiario del conflicto: mientras Washington sostiene el costo político y militar de la guerra, Israel consolida ganancias territoriales que antes le resultaban inalcanzables.
En este contexto geopolítico en que Kent decidió renunciar, la comparación con la invasión de Irak en 2003 es inevitable. En aquel entonces, Estados Unidos acudió con información falsa a las Naciones Unidas y contó con una “coalición de voluntarios” que incluía más de 40 países.
En esta ocasión, Washington ha actuado con el apoyo de un solo aliado, Israel. El analista político Michael McFaul, de la Universidad de Stanford, ha señalado que el ataque reciente es peor aún, ya que no hubo autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni del Congreso, y la narrativa de la “amenaza inminente” parece desmoronarse a la luz de la propia inteligencia estadounidense.
Hace escasos días, los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron que Irán no estaba reconstruyendo las capacidades de enriquecimiento nuclear que fueron destruidas en junio pasado, contradiciendo la narrativa utilizada para iniciar la guerra.
Este hallazgo, sumado a la renuncia de Kent, sugiere que dentro del aparato de seguridad de Washington ya preocupa que la trayectoria actual conlleve el riesgo de extralimitarse estratégicamente.
Kent, en su carta de renuncia, planteó que la campaña orquestada para incitar a un conflicto con Irán se remontaba “al comienzo de esta administración”, lo que fue definido por el senador Mitch McConnel como una expresión de “antisemitismo virulento”.
Pero más allá del calificativo republicano, la pregunta que deja flotando es incómoda: ¿hasta qué punto la política exterior de Estados Unidos refleja sus propios intereses nacionales, y hasta qué punto muestra los de un aliado con un poder de lobby institucionalizado en las estructuras del Estado?
Porque quizás lo más significativo es lo que la renuncia de Kent revela sobre la verdadera capacidad de análisis político de Washington. “A una buena cantidad de responsables clave de la toma de decisiones no se les permitió acudir y expresar su opinión ante el presidente”, afirmó el ex funcionario.
En una democracia que se precia de tener controles y equilibrios, esta afirmación debería encender todas las alarmas. Si el máximo responsable antiterrorista del país no puede exponer sus objeciones al presidente antes de que se inicie una guerra, entonces el sistema de contrapesos ha dejado de funcionar.
La pregunta de fondo —quién está al mando de la política estadounidense en Medio Oriente— permanece abierta. Kent tiene una respuesta, y la ha expresado con claridad. Que su renuncia haya sido recibida con desdén en lugar de con un debate público sobre el fondo del asunto dice tanto sobre el estado de la política estadounidense como sobre las motivaciones que llevaron a Kent a dimitir.
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