Guillermo Montenegro negó hechos de violencia institucional ante la justicia, pero los celebra en redes sociales oficiales

La Justicia marplatense realizó una audiencia para dar tratamiento a un hábeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en favor de personas que trabajan, duermen y viven en las calles de esa comuna. En la reunión, estuvo presente Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, junto a sus secretarios de seguridad y desarrollo social, Rodrigo Goncalves y Vilma Baragiola.

En este acto, que se realizó durante los últimos días, el municipio reconoció que la patrulla municipal tiene que actuar ajustándose a derecho. Sin embargo, negó los hechos de violencia institucional que protagonizan, difunden y celebran en las redes sociales oficiales.

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Violencia institucional bajo el mando de Montenegro

Roberto Cipriano García, es abogado y secretario ejecutivo de la CPM: «Nosotros denunciamos hechos de agresiones físicas, aprehensiones ilegales, amenazas, cacheos, discursos estigmatizantes, de odio y hasta sustracciones de pertenencias. Entre otros delitos cometidos por agentes municipales contra personas que trabajan, duermen y viven en las calles de Mar del Plata», denunció en diálogo con Tiempo.

Y continuó relatando: «En muchas ocasiones los miembros de este escuadrón parapolicial procedieron encapuchados o con el rostro tapado y sin identificación que los acredite. Cometieron acciones con características mafiosas; lo más grave es que lo hicieron con aval municipal».

El secretario ejecutivo también detalló que -durante la audiencia- Montenegro esgrimió que su objetivo como jefe comunal es controlar y ordenar el territorio. «Pero en realidad es una política de persecución y represión contra personas que trabajan, duermen y viven en las calles marplatenses. De este modo, están haciendo una criminalización de la pobreza».

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Una policía propia

García señaló que los integrantes de la patrulla municipal: «Forman un cuerpo de funcionarios comunales que actúa arrojándose funciones policiales, es decir, Montenegro formó su propia policía. Esto es algo gravísimo para la democracia».

Cabe destacar, que tanto en el hábeas corpus colectivo como en la denuncia penal, este organismo de Derechos Humanos documentó operativos violentos, discriminatorios e ilegales contas «los trapitos» y cuidacoches.

«En los que los funcionarios comunales cometieron delitos, como ser, privaciones ilegales de la libertad, agresiones físicas, psicológicas y verbales, cacheos, requisas y hasta la sustracción de pertenencias de las personas en estado de vulnerabilidad social», denunció el letrado.

Sin embargo, «el municipio negó los terribles hechos de violencia institucional y no aceptó que se exhibieran y se analicen los videos que nosotros presentamos como prueba, que documentan estos episodios durante los operativos de la patrulla municipal», apuntó el abogado.

Delitos cometidos

El intendente Montenegro y su secretario de seguridad Goncalves, sostuvieron -repetidas veces- durante la audiencia, «que la patrulla municipal actúa respetando la normativa municipal y provincial vigentes».  Y que de ninguna manera, «se arroga facultades de las fuerzas de seguridad». También dijeron, «cuando la situación lo amerita, solicitamos la intervención de la Policía de la Provincia de Buenos Aires».

García aseguró. «Pero estas declaraciones que los funcionarios municipales hicieron ante la Justicia no tienen ninguna relación con todas las publicaciones del propio intendente Montenegro en sus redes sociales y oficiales. Donde difundió, defendió y promovió el accionar de los agentes de la patrulla comunal».

Continuó denunciando. «El intendente cometió apología de los delitos ejecutados por su gente. Lo hizo utilizando definiciones discriminatorias y estigmatizantes sobre las personas que ellos más deberían proteger por su condición de vulnerabilidad social».

«Nosotros venimos realizando monitoreos y denunciando el despliegue violento e ilegal de la patrulla municipal de Mar del Plata hace tiempo. También señalamos que la misma, se arroga facultades provinciales y que los agentes cometen graves delitos», remarcó el secretario ejecutivo.

Y agregó. «Todo lo que digo está probado con la evidencia que contienen los videos y las declaraciones públicas del mismo intendente Montenegro. Entre otros funcionarios municipales que también suben material en redes sociales y medios de comunicación locales en los que ellos tienen injerencia».

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El doble discurso de Montenegro

Cipriano enfatizó: «Montenegro tiene doble discurso. Porque mientras celebra la violencia institucional ejercida por los agentes comunales -en redes sociales y medios de comunicación- cuando estuvo frente al juez negó todo. Esto es algo que le Justicia tiene que tener muy en cuenta».

Y completó: «Cuando el magistrado le preguntó si habían iniciado sumarios administrativos para investigar las faltas o delitos cometidos por los agentes comunales, el intendente respondió que no. Lo que resulta gravísimo, porque es legitimar los hechos de violencia institucional contra los pobres».

Cipriano finalizó advirtiendo. «Montenegro resolvió no investigar las denuncias contra los funcionarios municipales. El intendente hace lo que quiere con su escuadrón parapolicial. Son cosas que dañan el espíritu institucional y el sistema democrático que exhibe más de 41 años en forma ininterrumpida en nuestro país».