Gustavo López: «Deben entender que la declaración de servicio público no tiene retorno»

Desde la vicepresidencia del Enacom, Gustavo López muestra una posición muy firme con respecto al cumplimiento del decreto 690/20, que declara esenciales los servicios de Internet, TV paga y telefonía móvil. «El decreto marca una política y eso es inmodificable», aseguró en una entrevista con Tiempo.

«Cuando la nueva conducción llegó al Enacom, nos fijamos dos grandes líneas: entender la comunicación como un derecho humano básico y la conectividad como servicio esencial. Ambas políticas están claramente reflejadas en el decreto del presidente Alberto Fernández», detalló el funcionario.

–¿Cuáles son los objetivos concretos en ese sentido?

–Llevar mayor conectividad a donde los privados no llegan y acompañar el bolsillo de la gente, no solo con la regulación, sino con la Prestación Básica Universal (PBU), que implica un cambio cualitativo en el acceso a las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones.

–¿Cómo se aplica la PBU?

–Está pensada para el universo que no puede pagar el plan más bajo que ofrecen las empresas. Se pensó para un grupo familiar cuyos ingresos sean de hasta dos salarios mínimos (en total, 41 mil pesos). Creamos cuatro planes que no existían, cuyo objetivo es que ese universo no tenga ningún problema para acceder al servicio.

–¿Qué efecto concreto tiene declararlo servicio esencial?

–Tiene dos efectos: se crea la PBU y cualquier aumento debe estar autorizado por el Enacom. Las empresas quieren discutir esto. No quieren regulación, quieren fijar el precio libremente; y esa es una pelea de la que el gobierno no se baja.

–Las empresas argumentan que no se trata de un servicio esencial.

–Si el propio sistema educativo les dijo a los padres y madres que los chicos solo podían cursar a través de la virtualidad, si el Congreso modificó la Ley de Educación en ese sentido, no es concebible que ese servicio no sea esencial. Sirve para estudiar, trabajar, acceder a la cultura y hasta se convirtió en el único contacto con el exterior durante muchos meses.

–¿Cómo está el litigio judicial con las empresas?

–Las grandes empresas no entienden que ya no es un bien de mercado, sino un bien social. Presentaron muchos amparos, que fueron rechazados, excepto el de Córdoba, tan promocionado por los medios hegemónicos. Intimamos a que cumplan con la resolución del Enacom y estamos ahora en marcha con las sanciones.

–¿Qué tipo de sanciones?

–Económicas, a través de multas. Pero además, en enero, el Juzgado Civil y Comercial Nº 10 de Mar del Plata, ante una presentación de una ONG de usuarios y consumidores, intimó a las empresas a devolver el dinero. Como no lo hicieron, la jueza Mariana Lucía Tonto va a llevarlas a la Justicia penal, por desacato a una resolución judicial. O sea, los que no devuelvan la plata, van a terminar en la Justicia penal.

–¿Hay diálogo con las empresas?

–Hay diálogo porque siempre debe haberlo, pero somos inflexibles en el cumplimiento de la ley. Lo que no entienden es que no hay vuelta atrás en la declaración del servicio público. Todo lo demás se puede discutir. Ellos tienen que mandarnos la estructura de costos para que nosotros evaluemos el aumento a autorizar. Ellos no mandan los costos porque cuestionan la declaración y nosotros decimos que eso no se cambia.

–¿Todas las empresas grandes tienen esa postura?

-No. Claro no judicializó. Telecom y Telefónica, sí. DirecTV y Telecentro, que habían judicializado, están devolviendo la plata. Y lo tendrán que hacer todas. Hubo que modificar leyes de educación y de trabajo. Lo que todos ya sabíamos que era esencial, se convirtió de manera brutal en esencial con la pandemia.

-¿Cuál es la inversión que hace el gobierno?

-El gobierno acompaña esta medida con una inversión que va a ser $ 20 mil millones en cuatro años, a través del Enacom. Además, a través de ARSAT y de la Secretaría de Innovación Pública, será de $ 38 mil millones. Es decir, que habrá una inversión de alrededor de $ 60 mil millones para sostener esta política.

-¿Cuánto es eso en comparación con otras etapas?

-La inversión en telecomunicaciones con Néstor y después Cristina Kirchner fue en promedio de 250 millones de dólares por año. Es decir, el Estado invirtió U$S 3000 millones en la red federal de fibra óptica, en la TDA, en los dos satélites geoestacionales, etc. El gobierno de Mauricio Macri bajó la inversión en un 75%. Se invirtieron U$S 250 millones en cuatro años. Entonces, esta inversión inicial de $ 80 mil millones vuelve a poner al Estado en una posición de fuerte inversión.



-En el interior, se da que estos servicios son brindados por cooperativas. ¿Cómo es la relación con este sector?

-Queremos que los Adelantos No Reembolsables sean para pymes, cooperativas, empresas provinciales y asociaciones sin fines de lucro que montan redes comunitarias. De hecho, aprobamos una para Villa Soldati, para El Hormiguero, para llevar conectividad a 11 mil familias en cinco barrios de Soldati. Y acabamos de aprobar otro a La Poderosa, con el fin de llevar conectividad a 72 puntos neurálgicos de instituciones comunitarias. También dimos ya Adelantos a diez cooperativas. A diciembre del año pasado, llevamos ejecutado más del doble de lo que ejecutó el macrismo en cuatro años.

–¿Qué números manejan de gente conectada?

–Hoy, solo el 40% de las escuelas está conectado. Con este plan, esperamos duplicarlo en cuatro años. En los barrios populares, sucede algo similar. La Ciudad de Buenos Aires tiene una conectividad promedio del 93%, pero en los barrios populares es del 40%. Queremos achicar esos márgenes.

–¿Cuál es su objetivo dentro del Enacom?

–Queremos que cuando termine nuestro mandato haya mayor y mejor conectividad, que todos puedan acceder sin condicionamientos económicos y que haya mayor diversidad y pluralidad de voces. Ese es nuestro horizonte. Si no llegamos a cumplirlo en su totalidad, queremos que el camino recorrido haya sido mucho, en pos de un objetivo que es la conectividad para todos y la pluralidad en las voces.  «