Gustavo López: «Lo que no podrán las empresas es aumentar sin avisarle al Estado»

Para conocer en detalle el anuncio que realizó el presidente Alberto Fernández sobre la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia que declara a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como servicios públicos esenciales, Tiempo entrevistó a Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, ente que regulará la medida oficial.

El abogado con amplia experiencia en la materia comunicacional, realizó una primera aclaración acaso dirigida contra las críticas lanzadas desde los portales de los medios que reportan a las empresas de telefonía y servicios de internet y TV paga: «No es una medida contra ninguna empresa, sino que como gobierno queremos que se siga brindando un buen servicio que es básico, universal y obligatorio. “Estamos dando respuestas a lo que el gobierno anterior quitó”, explicó el funcionario, al tiempo que recordó que la medida “congela los precios de los servicios hasta el 31 de diciembre del 2020 por la pandemia”.

–¿Por qué es importante el anuncio de Alberto Fernández en términos conceptuales?

-Conceptualmente es importante porque en la Argentina hoy el acceso a las redes, tanto de internet como de telefonía o el acceso a la cultura a través del cable, se ha convertido en un derecho humano básico e imprescindible para acceder al conocimiento, a la educación, entretenimiento, pero también por una cuestión de que no hay progreso económico, industria que no pueda funcionar si no tenés conectividad. El gobierno de Mauricio Macri había eliminado la regulación de precios del Estado a través de un DNU en el año 2015 y la sociedad estaba indefensa frente a la posibilidad de aumento de lo que se convirtió en servicio esencial. El Estado recupera la capacidad de regular precios, protege a los consumidores y usuarios –artículo 42 de la Constitución Nacional- y garantiza el acceso como Derecho Humano básico.

-¿Cuáles son los ejes del decreto de Fernández?

-Lo que ha hecho el presidente Alberto Fernández a través de este DNU fue fijar cuatro ejes. Primero que vuelva a ser un servicio público, esencial y estratégico, y ahí recobra lo que ya estaba escrito en la Ley de Argentina Digital de 2014, pero ahora incluye a la telefonía celular. Segundo, retoma la capacidad del Estado de regular precios, lo que significa que a partir de ahora cualquier aumento tiene que ser autorizado por el ente regulador que es el ENACOM. Tercero, se incluye una tarifa social que no existía, ahora cada compañía tendrá que acordar con el ENACOM una prestación básica universal y obligatoria. Esto significa que todas las compañías van a tener que presentar un plan para los que menos tienen, dando la posibilidad de elegir el acceso al servicio y no dejando a nadie afuera. El cuarto punto es que se congelan los precios hasta el 31 de diciembre por la pandemia.

-¿Cómo cree que va a ser la respuesta de las empresas, se pueden resistir a la medida?

-Las empresas no pueden resistirse, ya que es un decreto con fuerza de ley, eso no puede pasar. Nosotros veníamos hablando con el sector y le pedíamos encarecidamente que no aumenten porque no era el momento. Además, estamos respondiendo lo que el gobierno anterior quitó a través de un DNU. Ahora tenemos que escribir la reglamentación, esto no es contra ninguna empresa, queremos que sigan brindando un buen servicio y que como dice un artículo de la Ley Argentina Digital que “los licenciatarios fijen sus precios de manera justa y razonable, para brindar prestación eficiente y margen razonable de operación”. No es que el gobierno les fija el monto, el precio es libre, pero lo que no pueden hacer las empresas es aumentar sin avisarle al Estado.

-En la mayoría de las provincias del país hay un reclamo por problemas de conectividad ¿Cómo se está trabajando en este tema?

-Estamos trabajando con planes de conectividad desde ENACOM. Esto es importante, ya que tenemos un plan de mil millones de pesos para barrios populares y dos mil millones de pesos para conectividad del sector público en las provincias, destinados a escuelas, hospitales y seguridad.