Habeas corpus colectivo contra las razzias en Provincia

La acción fue presentada este miércoles al mediodía por el Colectivo de Acción Jurídica (CIAJ) y la asociación civil Abogados por la Justicia Social de La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS) en el Juzgado de Garantías N°2 de La Plata, en la que solicitaron a la justicia que le ordene a las autoridades policiales, municipales y al Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, que cesen con los operativos que consideraron «conductas amenazantes y lesivas de la libertad ambulatoria» que afectan a todas las personas usuarias del servicio público de transportes de esas tres ciudades.

La presentación es una medida de protección para los ciudadanos de la región capital, que desde hace más de una semana están expuestos a la resolución de la Provincia de realizar operativos en los que efectivos de las policías Local y Bonaerense realizan pinzas en las que detienen colectivos de línea y obligan a los pasajeros a descender, realizan cacheos, inspeccionan bolsos y mochilas y solicitan DNI.

«Los procedimientos policiales (las razzias) son realizados sin que exista ninguna sospecha de la comisión de un delito, sino que se limitan a validar procedimientos ilegales basados únicamente en el supuesto olfato y la selectividad policial, obligando a los y las pasajeras a descender, forzándoles a ponerse con las manos contra los vehículos, palpándoles y revisando sus pertenencias, sin ningún tipo de orden o control judicial, lo que hace revivir páginas oscuras de nuestra historia reciente», escribieron los denunciantes.

Las razzias fueron condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego del asesinato de Walter Bulacio por la Policía Federal en 1991. Pese a todo, el resurgimiento de estos operativos desplegados en la región capital de la provincia luego del asesinato del chofer de colectivos Carlos Sánchez en Claypole -que disparó un paro de transporte en la zona sur- son alentados y patrocinados en los medios por el propio Ritondo que aseguró que se trataba de medidas de prevención y que se mantendrán hasta que se coloquen cámaras de seguridad en las unidades.

El abogado Emanuel Lovelli, de AJUS, precisó que el habeas corpus fue presentado «en función de las noticias que fueron publicadas, porque no hay ninguna publicación oficial del Ministerio de Seguridad provincial que justifique que la policía baje a los pasajeros de los colectivos y los revise».

Las razzias implementadas en la Provincia atentan contra los derechos a la libertad ambulatoria, a la autonomía personal, a la intimidad y a la privacidad. Eso denunciaron AJUS y CIAJ. Es que en los operativos, y sin mediar orden judicial, los agentes del Estado colocan a las personas bajo sospecha por el mero hecho de circular en un transporte público.

«No hay racionalidad en la medida. Es simplemente un método de control y amedrentamiento de la población», consideró Lovelli. «Una acción policial sin orden judicial deja en el famoso olfato policial la decisión de a quién se baja de un colectivo y a quien se cachea. Es el policía el que impone el criterio», completó.

Las asociaciones de juristas explicaron en la presentación judicial que la decisión de la Provincia es violatoria del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece el derecho de las personas a las garantías judiciales. Las razzias se apoyan en el criterio policíaco que, como en el caso Bulacio, tiene destino de arbitrariedad y abuso.

La acción de Habeas Corpus colectivo también solicitó que lo actuado quede en los Registros de Habeas Corpus en el ámbito de Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Las razzias fueron implementadas de forma sorpresiva después del paro de transporte y en el primer fin de semana, el ministerio informó en los medios que en un retén instalado en el centro de La Plata habían requisado treinta colectivos. Los operativos son implementados desde el atardecer en distintos puntos de la capital bonaerense y las ciudades de Berisso, Ensenada y Quilmes, en los que participan agentes de la Bonaerense y de la Policía Local.