«Hace dos años intuíamos que se iniciaba un ciclo de persecución política»

La abogada de Sala repasó los dos años de detención luego de marchar desde el Obelisco hasta la Casa de la Provincia de Jujuy, con organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y sindicales. Sobre el asfalto de la avenida Santa Fe donde culminó la marcha, a un lado de las vallas que protegían la delegación provincial, la letrada recordó que ya son más de 20 los presos políticos. En rigor, del reclamo de libertad también participaron también los familiares de otros presos como Carlos Zanini, Yusuf Kalil o Fernando Esteche.

Por eso la defensora apuntó: “No hay ninguna duda que estamos viviendo una época de degradación del poder judicial pocas veces vista, por lo menos en épocas de democracia. El poder judicial se ha convertido en el brazo ejecutor del poder político”.

“Es un caso absolutamente paradigmático el de Milagro Sala porque en la historia política no hay otra persona, no hay otro caso judicial, que haya llegado a las máximas instancias de del sistema interamericano de derechos humanos, teniendo una sentencia favorable tanto de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) como de la Corte Interamericana de DDHH (CorteIDH) y también en la instancia específica de Naciones Unidas, que es el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria donde en agosto de 2016 cinco expertos dictaminaron que su detención era arbitraria y que había que ponerla en libertad”, recordó.

Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 mientras en la plaza principal de la capital jujeña se llevaba adelante un acampe pacífico de cooperativistas que reclamaban entrevistarse con el flamante gobernador Gerardo Morales. Fue llevada a una comisaría de la mujer y luego trasladada a la cárcel de Mujeres de Alto Comedero. Desde diciembre pasado se encuentra detenida en una cárcel sui generis construida en una vivienda de la localidad de El Carmen, a 40 kilómetros de su casa en San Salvador de Jujuy. “A partir de allí se iniciaron una serie de causas, todas ellas motorizadas por el propio gobernador contra la dirigente social y política”, recordó Gómez Alcorta.

La prisión en la casa de El Carmen fue el ardid con el que el Poder Judicial jujeño simuló el cumplimiento con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que llegó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo exigiera.

“El estado Argentino ha eludido estas obligaciones y es por eso que dos años después continúa presa en una prisión domiciliaria sui generis, custodiada por una fuerza federal (Gendarmería) lo que está prohibido por ley, con un cerco perimetral, con cámaras funcionando las 24 horas, y además con un régimen de visita que es absolutamente ilegal”, completó.

En ese sentido, la abogada insistió con que el caso de Milagro es paradigmático: “Hace dos años intuíamos que se iba a iniciar un ciclo de persecución política – judicial a los oponentes políticos, a los sindicalistas a quienes se movilizaran en la calle como parte de una política represiva del nuevo gobierno que claramente tenía en sus manos los planes para llevar adelante una serie de medidas antipopulares típicas de un gobierno neoliberal como el que estamos viviendo. Hoy a dos años se leyó un listado de más de 20 personas que son consideradas presos políticos”, dijo.

Gómez Alcorta recordó que Milagro Sala no tiene ninguna condena, por eso, aclaró que es una “presa preventiva”. Y comparó esa falta de justicia con los tratos preferenciales con que el poder judicial otorga a los genocidas de la década del 70, que tuvo su pico máximo en la domiciliaria al seis veces condenado por crímenes de lesa humanidad, Miguel Etchecolatz en diciembre pasado. “Están accediendo a libertades o en su caso a prisiones domiciliarias, veranean en la costa argentina, eligen a que casa ir y con quien estar”, remarcó.

Y apuntó: “En este claro hostigamiento y decisión política de incumplir las decisiones internacionales los jueces de Jujuy resolvieron que ella no puede estar en una prisión domiciliaria como cualquier ciudadano. Esa resolución está recurrida y tiene que resolver la Sala de Apelaciones y Control de Jujuy, a la vez la CorteIDH tiene información respecto del incumplimiento del Estado argentino, porque no es la provincia la que incumple, no es Gerardo Morales: el único que tiene compromisos internacionales es el Estado Argentino”.

-¿La Corte Suprema mira para el costado?

-El papel de la Corte este año ha sido triste y patético. Tenían desde abril dos incidentes en condiciones de resolver y lo hicieron en diciembre, teniendo una persona detenida, existiendo resoluciones internacionales. No hay ninguna duda que estamos viviendo una época de degradación del poder judicial pocas veces vista, por lo menos en épocas de democracia. El poder judicial se ha convertido en el brazo ejecutor del poder político.