Hace falta más del 25% de un salario mínimo para poder pagar los servicios

Durante las fiestas el gobierno decidió conceder un nuevo aumento de tarifas a las operadoras de servicios públicos.

De esta manera los incrementos de precios desde 2015 llegan hasta un 3.624% promedio para el caso del servicio eléctrico. Las subas acumuladas desde esa fecha alcanzan un  2.401% para el gas natural y 1.025% para el agua corriente. En el rubro transportes, los peajes (sector en el que opera la familia presidencial) acumulan una suba del 1.118% mientras que el pasaje de tren subió un 601% y el de colectivo un 494%.

Así las cosas, en promedio, y desde la asunción del gobierno de Cambiemos, el rubro Vivienda que forma parte del Indice de Precios al Consumidor (IPC) e incluye un fuerte componente de las tarifas de los servicios públicos regulados por el Estado Nacional, se incrementó 45 puntos porcentuales por encima que el promedio de la inflación.

Las tarifas ya representan un 26% del salario mínimo cuando, en 2015, implicaban apenas un 6,1% de ese ingreso. Para el caso del salario promedio la situación no es mejor toda vez que, mientras que en 2015 el peso de las tarifas representaba un 2,1%,  para enero de 2019 la relación llega hasta un 7,1%.

Se trata del proceso de actualización de tarifas más abrupto en la historia del país que apunta a  dejar atrás la política de subsidios originada en la mega devaluación del año 2002 que buscó contener el impacto de la misma sobre los ingresos de la población sin afectar, al mismo tiempo, las ganancias empresarias. Ahora, ese costo, está siendo trasladado desde el Estado a las economías familiares al mismo tiempo que se garantizan las ganancias empresarias en dólares por la política de actualización tarifaria según la divisa norteamericana.

Por ese motivo, la rentabilidad de las empresas energéticas se ha incrementado en forma exponencial. Por ejemplo, la operadora eléctrica Edelap obtuvo ingresos un 675% superiores a los de 2017 y Edenor un 437%. Por el lado del suministro de gas, la compañía Fenosa mejoró su rentabilidad en un 370% mientras que gas del centro lo hizo en un 99% y gas del norte un 63%.

Los datos surgen de un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda que, además, desmiente el argumento oficial que sostiene que, la política de subsidios y tarifas bajas habría generado un derroche de energía que la nueva política habría de poner fin. Es que, desde el proceso de “sinceramiento tarifario” los niveles de consumo de la población en lo que a agua, luz y gas se refiere, practicamente no se han visto afectados. Por eso el estudio asegura que “lejos de modificar el consumo energético de los hogares, los continuos tarifazos solo han erosionado el ingreso real disponible para la compra del resto de los bienes”.