Las más prestigiosas casas de estudios (Yale, Princeton, Brown) rechazan el apriete del gobierno, que pretende los nombres de manifestantes propalestinos.
«Hace unos momentos, presentamos una demanda para detener la congelación de fondos por ser ilegal y exceder la autoridad del Gobierno», indicó a través de un comuniado en el que sostuvo que «las consecuencias de la extralimitación del Gobierno serán graves y duraderas» y lamentó que el Ejecutivo ya «justificó su acción ilegal» con la respuesta de la universidad al antisemitismo.
Es por ello que hizo hincapié en que «como judío y como estadounidense» sabe «muy bien que existen preocupaciones válidas sobre el aumento del antisemitismo, si bien «Harvard se toma esa labor muy en serio» y «abordarlo eficazmente requiere comprensión, intención y vigilancia». «Continuaremos combatiendo el odio con la urgencia que exige, cumpliendo plenamente con nuestras obligaciones legales. Esta no es solo nuestra responsabilidad legal. Es nuestro imperativo moral», manifestó.
Garber denunció que la Casa Blanca «tomó varias medidas tras la negativa de Harvard a cumplir con sus exigencias ilegales«, que incluyen «un control indebido sin precedentes» sobre la universidad, así como la congelación de varios millones de dólares en subvenciones e inició «numerosas investigaciones» sobre las operaciones de la casa de estudios.
Así, consideró que «estas acciones tienen graves consecuencias para pacientes, estudiantes, profesado, personal, investigadores y la reputación de la educación superior estadounidense en el mundo», puesto que «la investigación que el Gobierno puesto en peligro incluye» grupos de trabajo sobre varias enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple, el Alzheimer o el Parkinson.
«Las víctimas serán los futuros pacientes y sus seres queridos, quienes sufrirán la angustia de enfermedades que podrían haberse prevenido o tratado de manera más eficaz. Recortar indiscriminadamente la investigación médica, científica y tecnológica socava la capacidad del país para salvar vidas estadounidenses, impulsar el éxito del país y mantener la posición de EEUU como líder mundial en innovación», dijo.
Con todo, Garber defendió los valores de la educación superior estadounidense, remarcando que defiende «la verdad de que las universidades de todo el país pueden asumir y cumplir con sus obligaciones legales y cumplir mejor con su papel esencial en la sociedad sin la intromisión indebida del Gobierno». «Así es como logramos la excelencia académica, protegemos la investigación abierta y la libertad de expresión«, zanjó.
Los líderes alrededor de 200 universidades e instituciones académicas de Estados Unidos se sumaron a las quejas de Harvard y señalaron en un carta conjunta su rechazo a la «extralimitación y la interferencia política» del Gobierno de Donald Trump.
«Estamos abiertos a una reforma constructiva y no nos ponemos a la supervisión legítima del Gobierno. Sin embargo, debemos oponernos a la inapropiada intromisión gubernamental en las vidas de aquellos que aprenden, viven y trabajan en nuestros campus«, señala el comunicado conjunto que cuenta con la firma de los líderes de universidades como Yale, Princeton o Brown.
Los máximos representantes de las instituciones académicas destacaron la «variedad» de la educación superior estadounidense y resaltaron que deben tener «la libertad esencial para determinar, con base académica, qué se enseña, cómo y quién lo imparte».
«Nuestras universidades comparten el compromiso de servir como centros de investigación«, indica la carta, que añade que los profesores, alumnos y trabajadores «son libres de intercambiar ideas y opiniones desde una amplia cantidad de puntos de vista sin miedo a las represalias, la censura o las deportaciones».
«El precio de limitar las libertades que definen la educación superior estadounidense lo pagarán nuestros estudiantes y nuestra sociedad. En nombre de nuestros estudiantes actuales y futuros, y de todos los que trabajan y se benefician de nuestras instituciones, exigimos un compromiso constructivo que mejore nuestras instituciones y sirva a nuestra república«, concluye la carta.
El anuncio de Garber y la solidaridad de sus colegas de otro centenar de instituciones llega después de que la Administración Trump haya exigido a Harvard acceso a los informes universitarios sobre antisemitismo y prejuicios antimusulmanes en el campus desde octubre de 2023. También solicita los nombres de las personas involucradas en la preparación de los informes y les pide que estén disponibles para ser interrogadas.
alg con Europa Press
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