Hasta el FMI le pide a Estados Unidos que no llegue a un default

Por ahora, lo que se sabe sobre el aumento en el techo de la deuda que el Congreso le autoriza al gobierno estadounidense es que el día D para el default, anunciado inicialmente para el 1 de junio, se pasa al 5. Así lo indicó la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. De no haber antes un acuerdo entre el partido republicano y la administración de Joe Biden sobre dónde resolver el entuerto, ese día el gobierno se quedará «sin fondos para satisfacer las obligaciones», según le escribió la ministra de Economía estadounidense al líder de la oposición en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien en esta jugada es el que tiene la lapicera para que la Casa Blanca no tenga que declarar un default. Cómo será la preocupación que despiertan estas controversias que hasta el Fondo Monetario Internacional lanzó una advertencia contra una «política arriesgada» que podría generar «un riesgo sistémico adicional y completamente evitable tanto para EE UU como para la economía mundial».

En una puja de amenazas, presiones y extorsiones, el gobierno estadounidense vuelve a tener que recurrir a endeudamientos superiores a los establecidos en el presupuesto para hacer frente a los gastos corrientes. Sería la centésima vez desde que el artilugio legislativo fue instaurado en Estados Unidos. El techo de la deuda es el límite hasta el cual la administración a cargo está autorizada a emitir deuda para financiar los gastos corrientes por medio de bonos públicos y letras de tesorería. Se implementó por primera vez, no casualmente, en 1917, cuando el país ingresó a la Primera Guerra Mundial, como un modo de que el Congreso conservara el control que reclama la Constitución y para facilitar al Ejecutivo contraer deuda en un contexto bélico. Se emitieron entonces Bonos de la Segunda Libertad, que el público podía comprar para financiar la entrada de las tropas en la guerra europea.

Una nueva regulación se produjo en 1939, ya en el marco de la Segunda Guerra, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt aún juraba que no se iba a sumar a la contienda pero era evidente que si la cosa escalaba –como realmente ocurrió–  eso sería inevitable. A Roosevelt esta nueva modalidad de regulación, que cubría todos los tipos de instrumentos crediticios, le sirvió de paso para manejarse con mayor libertad para su proyecto económico, el New Deal «populista».

Desde entonces la deuda no dejó de crecer, porque básicamente Estados Unidos no dejó de estar en guerra y de armarse hasta los dientes para construir su imperio global desde 1945. Pero había un compromiso bipartidario para no remover las olas ante cada nuevo pedido de la Casa Blanca. Eran los años en que los gastos militares se habían convertido en una forma de asignación estatal de recursos que mantenía a la economía pujante, según relataba entonces el economista John Kenneth Galbraith. Una suerte de keynesianismo militar.

Sin embargo, en los 90 los aires ya eran otros y se desató una era de pujas entre demócratas y republicanos cada vez que había que pedir más fondos al Tesoro. El monto del endeudamiento iba creciendo de manera exponencial al tiempo que el neoliberalismo se desplegaba sin freno sobre ambos partidos y entonces, ante cada nueva discusión parlamentaria, el eje del debate fue no si era necesario recortar, sino dónde. Y especialmente, dejando lejos de la tijera al aparato militar industrial, como destaca el economista Jeffrey Sachs (ver aparte). Las víctimas de los ajustes fueron las asignaciones sociales, educación, salud y pensiones. Un tema con muy conocido por estos confines.

Desde 1976 hubo una veintena de «cierres del gobierno», esto es, momentos en los cuales no hay fondos para determinados sectores de la administración pública, que es la amenaza latente por estos días. La mayoría de los mandatarios que los padecieron, por distintas razones, fueron demócratas, pero también le sucedió al propio Ronald Reagan y a Donald Trump. Ninguno de esos cierres fue por más de un puñado de días. Aunque hay excepciones, como el de 1979 contra Jimmy Carter, que vetaba presupuesto para construir un portaviones nuclear y destinaba dinero a la salud pública, de 18 días, y el de 1995 contra Bill Clinton, desde el 16 de diciembre al 6 de enero del 96. Barack Obama tuvo que digerir 15 días de cierre porque los republicanos rechazaban fondos para su plan de Salud. Los demócratas, en 2018 les devolvieron el gesto a Trump tres veces, la última por 35 días, al rechazar financiación para el muro en la frontera con México.

Todo indica que habrá arreglo entre Biden y McCarthy, aunque el ala izquierda de los demócratas dice que el déficit se podría cubrir con mayores impuestos a los ricos o a las empresas, algo que suena a blasfemia a la oposición y algunos sectores del oficialismo; y los republicanos no quieren más dólares para el IRS –la AFIP de EE UU– que necesita más personal para controlar que todos paguen lo que corresponde.

Se habla de «ingeniería contable» en los programas de Medicaid y Medicare, de la posible venta de activos del servicio de Seguridad Social o el Departamento de Salud para evitar el cierre en esas áreas, uno de los ejes de las alarmas que despliega el oficialismo para presionar mediáticamente a la oposición.

La deuda de EE UU es de 31,4 billones de dólares, alrededor del 126% del PBI. A la preocupación de Kristalina Georgieva por un eventual default se suman agencias de evaluación como Fitch y DBRS Mornigstar, que pusieron «en revisión» la calificación de la deuda estadounidense, o sea, que estudian si bajarla de la categoría AAA. Las autoridades de Japón y China también tiemblan, ya que ambos países tienen entre sus reservas más de la cuarta parte de los títulos del Tesoro en manos extranjeras, unos 7,6 billones de dólares. «