Hay menos empleo en blanco y está peor remunerado

La consigna de “crear empleo de calidad” que gusta enunciar el presidente Mauricio Macri no se está cumpliendo, según los datos oficiales de la Secretaría de Trabajo. Esa cartera informó que en los últimos 12 meses se destruyeron 70.100 puestos de trabajo, de los cuales la mitad corresponden a asalariados en empresas privadas, justamente los que generan mayor dinamismo y competitividad a la economía.

Además, los que se mantuvieron, lo hicieron con remuneraciones mucho más bajas en términos reales, según las conclusiones que acompañan el informe.

Los números surgen de los trabajadores registrados en el Sistema Ampliado de Previsión Argentino (SIPA). Según la estadística, en septiembre de este año había 12.182.400 personas con trabajo en blanco, de los cuales 6.185.900 eran asalariados del sector privado y 3.161.300 del sector público. Además había 491.700 en casas particulares. El resto eran independientes: 398.400 autónomos, 1.598.200 anotados en el monotributo y 345.800 anotados en el monotributo social.

Las cifras sugieren que en el sector privado se notó una fuerte baja de 35.600 puestos de trabajo, lo que equivale a un 0,6%. La industria (9.300 empleos) y el comercio (7.900) fueron los sectores que lideraron ese proceso destructivo. La reducción fue leve entre los empleados públicos. Por el contrario, entre los que trabajan en casas particulares hubo una suba de 21.000 empleos. Las discrepancias surgen al interpretar lo que ocurre entre autónomos y monotributistas, que unidos manifiestan una baja de 51.100 personas: Trabajo entiende que es consecuencia de un reempadronamiento que afectó a quienes se desempeñan en el sector agropecuario y cuyos aportes al sistema no quedaron consignados en los plazos habituales.

Otro aspecto que revela el estudio es sobre los montos a partir de los cuales se realizan aportes previsionales. La comparación con el año anterior arroja que el salario promedio tuvo una caída interanual de 9,6% en términos reales, lo que implica un reconocimiento oficial de la pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores. De esa manera, no sólo hubo menos empleo registrado sino que, una vez descontada la inflación, fue peor remunerado.