En Argentina, más de dos millones de hogares acceden a su vivienda a través del mercado de alquileres. En ciudades grandes, como la ciudad de Buenos Aires, más de un tercio de la población es inquilina. Esas personas dependen de contar con un flujo de ingresos constante para poder sostener algo tan básico como un lugar donde vivir. Para estos dos millones de hogares, un problema de salud o la reducción de sus ingresos por cualquier razón significa el riesgo de quedar en la calle. Les inquilines no tienen red de seguridad.
En una encuesta realizada por el IDAES y el CELS en 2021, uno de cada tres inquilines del AMBA declaró tener deudas de alquiler, una proporción que llega al 41% en los hogares que habían recibido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en 2020; es decir, no tienen un salario en blanco. La mayoría de los hogares inquilinos están en una situación económica crítica.
La Ley de Alquileres fue un logro del movimiento de inquilines. Entre las modificaciones más importantes, está la ampliación a tres años del plazo de los contratos. Esto aporta previsibilidad para la vida en general porque vivir en la misma vivienda también supone vivir en el mismo barrio, poder mandar a tus hijes a la misma escuela, poder sostener un trabajo. Y también es importante en términos económicos porque les inquilines deben enfrentar con menos frecuencia el enorme costo de ingresar a un nuevo contrato. Dicho de otra manera: dos años de contrato es un plazo inaceptable.
A partir de decretar el «fracaso» de la Ley de Alquileres, se busca instalar que les inquilines se perjudicaron por sus propias conquistas, que la intervención del Estado genera distorsiones y que, por lo tanto, es mejor que se auto regule.
El mercado de alquileres no es un mercado cualquiera. En su lógica de funcionamiento, se pone en juego quién puede y quién no puede acceder a una vivienda. Además, es un mercado compuesto por dos partes muy desiguales, entre quien busca una renta y quien busca un lugar donde vivir. No existe el libre acuerdo entre las partes porque el inquiline no tiene la opción de retirarse del mercado.
A diferencia de lo que se quiere instalar, la opacidad y la desregulación siempre funcionan a favor de la parte más poderosa. Por eso, el Estado tiene la obligación de involucrarse y de hacer valer el derecho a la vivienda.
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