Herederos del último emperador alemán reclaman bienes confiscados hace un siglo

A cien años del fin de la monarquía, Alemania vuelve a debatir sobre si se debe compensar a los descendientes del último emperador o si en realidad la historia ya habló por sí misma.

Justamente en el año del centenario de la creación de la República de Weimar, el tema de los derechos de los monarcas y sus herederos causa revuelo en el mundo de la cultura.

Uno de los reclamos más insistentes provienen de Jorge Federico, príncipe de Prusia. El jefe de la Casa de Hohenzollern exige la devolución de miles de obras de arte, además del derecho a vivir en los castillos y las residencias señoriales de sus antepasados.

Desde hace años el tataranieto del último emperador alemán, Guillermo II, negocia a puerta cerrada con el Gobierno federal y con los de Berlín y Brandeburgo sobre la devolución de pinturas, testimonios históricos y documentos valiosos pertenecientes a las Fundaciones Prusianas de Berlín y Potsdam y al Museo Histórico Alemán.

Desde que se confirmaron las conversaciones hace pocos días, ambas partes intentaron calmar los ánimos con el deseo de seguir manteniendo discreción en el asunto.

El presidente de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, Hermann Parzinger, adelantó que la institución cultural está dispuesta a negociar para evitar costosos procedimientos judiciales. Sin embargo, ninguna de las partes proporcionó detalles exactos sobre el alcance de los reclamos.

La oficina de la secretaria de Estado de Cultura de Alemania, Monika Grütters, informó que se están haciendo esfuerzos para encontrar una «solución global duradera», pero admitió que las posiciones siguen estando muy alejadas.

Markus Hennig, abogado de la Casa Hohenzollern, pidió comprensión para su cliente y que el tema no se convirtiera en un «escándalo». El letrado dijo que el objetivo es encontrar una «solución global amistosa».

Según informes no confirmados del semanario «Der Spiegel» y del diario «Tagesspiegel», el litigio abarca importantes obras de arte, bibliotecas y los archivos de la Casa Real.

La lista incluye el cuadro «Embarque para Citera» del pintor francés Antonie Watteau (1684-1721), así como el sillón donde murió Federico II. Además, se reclaman otros centenares de pinturas, esculturas y muebles pertenecientes a las viviendas «privadas» de las familias imperiales.

Los descendientes de los Hohenzollern también exigen el derecho de residencia permanente y gratuito en el Palacio Cecilienhof, en el Palacio Lindstedt o en la Villa Liegnitz en Potsdam.

Muchos se preguntan si estas cuestiones no se dirimieron ya hace mucho tiempo. De hecho, el Gobierno confiscó la propiedad del emperador Guillermo II tras la derrota de la Primera Guerra Mundial, la Revolución de 1918 y la abdicación del monarca y su huida a Holanda.

Las autoridades tuvieron más contemplación con otras casas reales, como la de Wittelsbacher o la de Welfen, que lograron conservar numerosas pertenencias.

En 1926, un tratado entre el Estado alemán y los Hohenzollern estableció una regulación de los bienes, aunque con muchas omisiones.

¿Está el patrimonio de los príncipes, reyes y emperadores ligado a las personas en cuestión o las riquezas deben ser atribuidas al Estado que representaban los monarcas? Esta cuestión aún no se ha resuelto definitivamente.

Cuando después de 1945 la ocupación soviética acusó a los Hohenzollern de colaborar con los nazis se les retiró el derecho de residencia en los castillos en el este del país.

Recientemente, el Tribunal Regional de Coblenza rechazó una demanda presentada por el príncipe de Prusia para que fuera devuelto a la familia el castillo Rheinfels en Sankt Goar, a orillas del Rin.

El tribunal desestimó la demanda alegando que el castillo confiscado por el Estado en 1918 no era propiedad privada del rey, sino que integraba el patrimonio especial de la administración prusiana.

Por otra parte, el abogado de los Hohenzollern rechazó que las demandas pondrían en peligro a los museos. Dijo que incluso si los Hohenzollern insistieran en la entrega de todos los objetos en cuestión, sólo se verían afectadas partes muy pequeñas de las colecciones.

Además, el letrado apuntó que sus clientes también están interesados en la creación de un «Museo Hohenzollern» para exponer las piezas reclamadas.

El portavoz de política cultural del Partido Los Verdes en el Parlamento regional de Berlín, Daniel Wesener, dijo que sería el colmo que la antigua dinastía imperial reclamara el derecho de participar en la presentación de la historia prusiana.

Wesener opinó que un museo de este tipo no es compatible con la cultura democrática ni con la independencia de las instituciones del Estado.

Tampoco el primer ministro de Brandeburgo, Dietmar Woidke, se mostró dispuesto a ceder a la presión y recalcó que los castillos de Brandeburgo no deberían ser entregados para fines residenciales.

«Deben permanecer como viviendas del pueblo y ese es nuestro objetivo también en las negociaciones», dijo Woidke. El político socialdemócrata se mostró confiado de encontrar una pronta solución, pero al mismo tiempo aseguró que su «Land» no teme una disputa legal.