Hidrovía: protagonistas y ejes de una licitación con objetivos estratégicos

Siete provincias, cuatro universidades, el Estado nacional y la ONU son los protagonistas de la licitación en la que participarán poderosas empresas internacionales para realizar la obra de dragado más importante de los últimos tiempos, que va a permitir al fisco tener una mayor presencia en el control de las exportaciones agropecuarias –principal fuente de dólares–, a la vez que propiciará su independización del puerto de Buenos Aires.

El anuncio presidencial de la apertura de licitación de esta obra estuvo atravesado por la comunicación de la continuidad de la cuarentena. “Ciudad opulenta, que trasladaba la riqueza para salir del puerto”, dijo el porteño presidente Alberto Fernández sobre Buenos Aires, y recordó su obstinada y «alfonsinista» intención de federalizar el país.

Un mes después de haber firmado el decreto de necesidad y urgencia para retroceder con la intervención de Vicentin, Fernández rubricó otro a través del cual creó la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado, que estará integrada por el Estado nacional (con una participación del 51% del capital social) y las siete provincias (que contarán con un 49 por ciento). Allí estarán el Ministerio de Transporte que conduce Mario Meoni, las provincias, entidades empresarias junto a las gremiales, representativas de usuarios y las universidades nacionales. Además, el organismo impulsará la creación de una Sociedad del Estado que establecerá la administración, el control y la realización de obras complementarias y accesorias a la Hidrovía Paraguay-Paraná, una vía navegable natural conformada por los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, que constituye el cauce de salida de aproximadamente el 80% de la exportación nacional, menos costoso y ambientalmente más sustentable.

Es que en 1995 el gobierno de Carlos Menem le adjudicó a Hidrovía SA, una UTE conformada por la empresa belga Jan de Nul y por Emepa SA, de Gabriel Romero, quien declaró como arrepentido en la cuestionada causa de las fotocopias de los cuadernos. Hasta ahora cobraban el peaje, y hacían las obras de mantenimiento hasta el puerto de Santa Fe. De esa recaudación, un porcentaje se transfiere al Estado. Pero ahora hay otros interesados: el holding chino Shanghai Dredging Company (SDC) y las holandesas Boskalis, Dredging y Van Hool.

Además, fuentes oficiales admiten que los controles se habían relajado. Vicentin triangulaba a Paraguay y a Uruguay, esquivando la fiscalización del Estado nacional y provincial. Según supo Tiempo, este problema de evasión, que afecta de manera directa la captación de dólares, se debatió durante la campaña electoral del año pasado entre Omar Perotti y Alberto Fernández.

Ahora, en plena elaboración del pliego, se está discutiendo si ese “peaje” por transitar el Paraná se va a cobrar por barco o por cantidad de toneladas de granos. Otra discusión importante que se abre es quién va a cobrar. Los privados, que ya difundieron sus preocupaciones por los medios de comunicación afines al sector, temen que sea el propio Estado el que recaude, pero eso no está definido todavía.

La licitación de esta obra vence en abril y está en manos del ministerio que conduce Meoni, donde ya están en elaboración los pliegos. Para evitar suspicacias que enrieden al gobierno en pasadas y oscuras acusaciones, el Ejecutivo convocó a cuatro universidades públicas. Para la ingeniería de obra se convocó a la facultad más prestigiosa en el área, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad del Litoral, de Santa Fe. En tanto, con respecto al impacto ambiental se contratará a la UBA. Para calcular la tarifa intervendrá la Universidad de San Martín, que tiene convenio con el Ministerio de Transporte. Por último, un equipo de la Universidad de La Plata estará a cargo del armado jurídico del pliego. Pero como los grupos intervinientes en la licitación son extranjeros, el gobierno decidió sumar a la ONU, que articula con el Ministerio de Transporte, para que vigile la concesión.

El pliego que había sido elaborado por los propios inversores privados quedó sin efecto. Desde Transporte admiten que quizá se tome algún aspecto, pero el pliego será otro. “Si no, tenemos que cerrar el Estado e irnos a casa”, razonan desde esa cartera.   «