El colectivo “Historias desobedientes” hizo una presentación en el organismo interamericano, donde el Ejecutivo busca que se reconozca como crímen de lesa humanidad la muerte del militar. La organización denuncia que se busca utilizar el hecho para justificar el terrorismo de Estado.
La organización, integrada por familiares de represores condenados por su actuación durante el terrorismo de Estado, pidió ser tenida como amicus cuariae por la CIDH en este caso y aseguró que se trata de una maniobra para “detener el actual proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en Argentina” y “justificar el terrorismo de Estado”.
El 24 de marzo pasado, el gobierno anunció que había alcanzado un acuerdo de solución amistosa con la familia Viola, que tiene una petición en la CIDH para que la muerte del militar y de su hija en un ataque realizado por el ERP en 1974 sea considerada un delito de lesa humanidad.
“Es escandaloso y vergonzante que el Gobierno Argentino haya firmado un acuerdo de solución amistosa con la familia de un militar que se encontraba presentando un reclamo ante la CIDH, por la reapertura de un proceso judicial alegando que las acciones llevadas a cabo por una organización armada debían ser declarados delitos imprescriptibles, a pesar de que todas las instancias judiciales del país negaron que ellas podrían ser calificadas como crímenes de lesa humanidad”, señaló el escrito enviado a la Comisión.
La organización advirtió que la iniciativa del gobierno es una maniobra “que consiste en utilizar la categoría de crímenes de lesa humanidad respecto de hechos que, a sabiendas, no pueden subsumirse en la figura de aquellos delitos internacionales”.
“Es el mismo argumento que esgrimen nuestros familiares genocidas al justificar -en la lógica del pensamiento genocida- los crímenes que han cometido. Es recurrente en el discurso de nuestros familiares la falta de arrepentimiento por los crímenes cometidos, el afán por reivindicar y legitimar los delitos cometidos por el terrorismo de Estado y la insistencia en cimentar y divulgar en la sociedad argentina la ‘teoría de los dos demonios’, menospreciando el actual proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en Argentina”, agregaron.
“Entendemos que, como familiares de genocidas, tenemos el deber social y ético de denunciar estos hechos y de ponerlos en conocimiento de usted a fin de que se instrumenten las acciones correspondientes desde la CIDH para no ceder ante este nuevo intento de retroceso en materia de Derechos Humanos y de detener y abolir el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad de Argentina”, concluyeron.
Colombia, Ecuador y Perú comparten no sólo fronteras sino problemas semejantes.
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