Historia repetida

Achicar el Estado es agrandar la nación». El lema de José Alfredo Martínez de Hoz resumió el programa económico de la dictadura cívico-militar. Genocidio mediante, el ministro de Economía de Videla logró recortar funciones y servicios públicos, pero debió esperar una década para ver avanzada su obra: en los noventa, la dupla Carlos Menem-Domingo Cavallo (quien hoy aconseja al macrismo) remató empresas y limitó al máximo las atribuciones estatales, al punto de atar los precios de la economía al valor de una moneda extranjera.

El resultado de esa política fue el estallido social de 2001. Pero en el país del no me acuerdo el péndulo político resucitó el slogan de Martínez de Hoz, con un agregado: ya no se trata sólo de ajustar el Estado, sino también de reducir derechos económicos de los ciudadanos desmantelando leyes y tribunales que protegen a los trabajadores. Todo, por supuesto, en nombre de la «modernidad».

La reacción popular de diciembre y la correlación de fuerzas en el Congreso modificó los planes del gobierno, que pretendía aprobar este año una ambiciosa «Reforma Laboral». Desvirtuado ese intento, el plan oficial avanza fraccionado y por distintos flancos. La Corte Suprema –que desde hace tiempo funciona como apéndice del poder real– emitió un fallo que convalida la precarización de los monotributistas y el gobierno alivió las cargas sociales de Carrefour en un convenio que tiene fuerza de «leading case».

En medio de una semana agitada por el dólar y los efectos del tarifazo, el oficialismo ya anunció que irá por más. Presentó tres proyectos (podría sumarse un cuarto) que disuelven conquistas históricas de los trabajadores para favorecer, dice, la creación de «empleo de calidad», un eufemismo que el gobierno usa para referirse al empleo privado.

En esa concepción, la contracara es el Estado, que generaría «empleo basura». Es innegable que hubo –y hay– abusos inaceptables en el empleo público. Pero con la excusa de terminar con «ñoquis» y entenados –se canjearon antiguos por propios–, el gobierno perpetró reducciones masivas en áreas estratégicas como el INTI, el Senasa y el Conicet. 

El objetivo es liberar de controles y transferir recursos al sector privado, que esta semana devolvió esos favores de modo contundente: justo antes de pagar un pequeño impuesto a la especulación, los capitales golondrina volaron, llevándose consigo cerca de 4000 millones de dólares obtenidos con créditos otorgados por los mismos que luego los fugaron. Y que mañana pedirán más ajuste para «honrar la deuda» que se contrajo para pagar la deuda.

A propósito: en el mundillo financiero afirman que la quema de esos 4000 millones benefició especialmente a un banco extranjero que empleó a varios funcionarios.

Otra historia repetida.

Total normalidad.