La Alianza creada por Manuel Zelaya no acepta el recuento con documentos que considera fraudulentos ni ir a nuevos comicios como propondría la OEA. La Policía Nacional se negó a continuar reprimiendo a los manifestantes.

Almagro, vapuleado por todo el arco progresista latinoamericano por su posición hostil al gobierno venezolano, se anota otra retahíla de críticas por mostrarse tan amistoso con las autoridades surgidas del proceso posterior al derrocamiento en 2009 de Manuel Zelaya como para obviar el pequeño detalle de que la Alianza de Oposición mostró pruebas de un colosal fraude. Que exige al Tribunal Superior Electoral (TSE) que reconozca ganador a su candidato Salvador Nasralla, y que hasta otro aspirante a la presidencia, que quedó ubicado en tercer lugar, el liberal Luis Zelaya (ningún parentesco con el exmandatario), dijo que según los cómputos de esa agrupación, el conductor televisivo fue el legítimo ganador de la contienda, realizada en 26 de noviembre pasado.
La Alianza no acepta nuevas elecciones y si bien no lo dicen en voz alta, repudian el planteo de Almagro: «Si según la OEA hubo irregularidades no se puede pedir nuevos comicios con el mismo candidato que las cometió». El actual presidente, Juan Orlando Hernández, forzó una declaración de la Corte autorizando su reelección cuando la Constitución lo prohíbe. No sólo eso, Mel Zelaya fue depuesto cuando intentó llamar a consulta para saber si la población aceptaba reformar la Carta Magna. Por otro lado, ir a nuevos comicios llevaría a desconocer el resultado de este, que según estos datos, fueron favorables a la Alianza.
Entre las irregularidades que Almagro todavía no admite figura un corte informático en pleno conteo, cuando el escrutinio rondaba el 60 % del padrón y el resultado era irreversible de acuerdo a la historia electoral hondureña, ya que la diferencia en favor de Nasralla era de 5 puntos. Cuando «el sistema» volvió, milagrosamente había unas décimas en favor de Hernández. El TSE dio finalmente como ganador a Hernández, por 42,98% a 42,39%, pero luego tuvo que admitir que en algunos centros de votación las irregularidades fueron por demás groseras.
A esa altura la población había salido a las calles para protestar contra un nuevo despojo de la voluntad popular. Hubo una decena de muertos por la represión y el gobierno decretó el Estado de Excepción y el toque de queda por diez días. Pero el dato fue que la Policía Nacional y la brigada de elite Cobra se negaron a continuar con la represión y se autoacuartelaron, dejando esa tarea a la Policía Militar, un cuerpo especial creado por Hernández en 2013. Las hondas diferencias en el trato y salariales de las autoridades hacia ambos estamentos de las fuerzas de seguridad son tales que en la práctica la PN y los Cobra se fueron inclinado con los años hacia posiciones más cercanas a la población. Es así que estos días se metieron en los destacamentos argumentando que no iban a reprimir porque «nosotros somos pueblo y no nos podemos estar matando con el propio pueblo, nosotros tenemos familia».
Esta dura realidad llevó al TSE a aceptar la revisión de, ahora, 4533 actas electorales. Pero la Alianza rechaza ese artilugio ya que no confían en la veracidad de los documentos que se auditarán. Por esa razón se negaron a participar de un acto al que consideran otra maniobra para legalizar comicios que entienden ya fueron realizados y dieron un ganador, Salvador Nasralla.
Mientras tanto, el gobierno de EE UU, que suele emitir informes lapidarios contra gobiernos no alineados, por ahora se limitó a recomendar a sus conciudadanos que no viajen a Honduras ante la posibilidad de que estalle la violencia en ese país centroamericano. «
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