El mandatario, que gobernó el país centroamericano por dos períodos y dejó la presidencia el 27 de enero, será juzgado en Estados Unidos por “recibir ganancias de múltiples organizaciones de narcotráfico”. Su hermano ya fue condenado a cadena perpetua por ese delito el año pasado.
La Corte hondureña informó en un comunicado que el juez de Extradición de Primera Instancia, Edwin Ortez, resolvió “conceder solicitud de extradición remitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York”.
La defensa tiene 72 horas para presentar cualquier recurso de apelación, por lo que la entrega de Hernández -quien presidió el país centroamericano entre 2014 y 2022- podría demorar un par de semanas más.
En el pedido de extradición, Estados Unidos vincula a Hernández con delitos como “conspiración para importar sustancia controlada” y “posesión de armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos”.
Según la solicitud, entre 2004 y 2022, “Hernández participó en la conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares, por rutas aéreas y marítimas”.
Los fiscales estadounidenses señalan que el exmandatario recibió millones de dólares por sobornos y ganancias de múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares.
“A cambio de ello, Hernández protegió a los narcotraficantes de la investigación, detención y extradición”, explica el documento, que además agrega que en 2013 Hernández aceptó aproximadamente un millón de dólares en ganancias de El Chapo Guzmán.
Antecedentes
Las primeras acusaciones contra Hernández surgieron cuando fiscales de Nueva York lo vincularon con el narcotráfico durante el juicio contra su hermano, el exdiputado «Tony» Hernández, capturado en Miami en 2018 y condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua por ese delito.
Fue a partir de este vínculo familiar directo que las sospechas alcanzaron al expresidente.
Aunque durante los ochos años que Hernández estuvo en el poder se convirtió en uno de los principales aliados de Washington en la región, el gobierno estadounidense le soltó la mano un tiempo antes de que dejara la presidencia el pasado 27 de enero.
Su salida del cargo, que lo dejó sin inmunidad presidencial, fue el detonante de la medida judicial.
Durante el juicio al hermano se puso en evidencia cómo los grupos narcos penetraron en todas las esferas del poder en Honduras, desde el ámbito judicial pasando por la fuerza pública hasta llegar al propio Poder Ejecutivo.
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