El proyecto comenzó a ser tratado en Diputados después de un día cargado de negociaciones. Los fondos para los municipios y los cargos en el BAPRO, la clave para el acuerdo político.
El expediente, que había sido postergado en dos oportunidades por falta de acuerdos internos en el peronismo y con la oposición, es «clave» para el mandatario que el lunes realizó un último pedido a la Legislatura marcando la importancia de contar con la herramienta. «No estamos pidiendo fondos extraordinarios ni tomando deuda para obras faraónicas, ni nada diferente de lo que piden las provincias para sostener su funcionamiento normal. Esto debería ser prácticamente un trámite», le advirtió a legisladores de todos los bloques poíticos y precisó que el monto solicitado es para pagar los vencimientos de la deuda contraída en la gestión de María Eugenia Vidal y para distribuir recursos a las comuna en la situación de «emergencia» que atraviesan.
Luego de horas de negociaciones entre el Ejecutivo y los bloques legislativos, el acuerdo para alcanzar los dos tercios de los votos que exige la ley vio la luz. Al cierre de esta edición estaba previsto que a las 23:59 del miércoles comenzara a tratarse en la Cámara de Diputados y se aguardaba que el Senado lo convirtiera en ley después.
Los puntos que lograron destrabar el proyecto fueron la definición del monto y los plazos en el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, un ítem que interesaba a los intendentes de todos los partidos políticos. Además de la creación de cuatro nuevos cargos en la estructura del Banco Provincia, según adelantaron fuentes legislativas a Tiempo.
En cuanto a los fondos para las intendencias, se acordó que será del 8% sobre el total de la deuda autorizada, lo que representan 350 mil millones de pesos. Y se garantizó el pago de 250 mi millones de pesos en cinco cuotas -tres en 2026- hasta mitad de 2027, independientemente del ritmo al que se coloque la deuda en el mercado.
Sobre los cargos, aunque en un principio el Ejecutivo había propuesto ampliar el directorio del Banco Provincia para dar respuesta a los pedidos de la oposición, finalmente se habría resuelto designar a cuatro síndicos que se sumarían a la estructura de ocho sillones ya existentes. En ese marco, seis cargos quedarían para UxP y el resto para la oposición.
Al cierre de esta nota sonaban para ocupar los lugaresde la oposición los nombres del senador Marcelo Daletto por la UCR + Cambio Federal y del diputado Matías Ranzini por el PRO, quienes concluyen mandato este 9 de diciembre. También los de los exdiputados Fernando Pérez por Somos Buenos Aires y Fernando Rozas por los libertarios dialoguistas.
El proyecto de Ley de Financiamiento fue enviado a comienzos de noviembre por Kicillof junto al Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva. Estas dos últimas fueron sancionados hace una semana ya que requerían mayoría simple. El endeudamiento, que requiere mayoría especial y por ende necesita de las manos opositoras, quedó postergado por falta de acuerdos.
Para el mandatario era indispensable que el Financiamiento se aprobara con la actual composición, antes del recambio, ya que a partir del 10 de diciembre los libertarios engrosarán su representación y cualquier acuerdo se tornará una «misión imposible».
En su artículo 1°, el proyecto faculta al Ejecutivo a endeudarse en pesos u otras monedas por hasta el equivalente 1.045 millones dólares, con el objetivo de refinanciar los vencimientos de deuda pública del ejercicio 2025. Se trata del mismo pedido que Kicillof ya había formulado a la Legislatura en mayo de este año a través de la denominada «ley corta» que nunca logró ser tratada.
El artículo 2° suma un nuevo pedido de financiamiento por hasta 1.990 millones de dólares para el año 2026 con el objeto de afrontar la cancelación y/o renegociación de deudas financieras y judiciales, los servicios de deudas y mejorar el perfil de los vencimientos, entre otras cosas.
El artículo 3°, en tanto, crea el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal para el año que viene y dispone que se integrará con el 8% de los recursos obtenidos a partir del total de la deuda. Este punto sufrió varios cambios, ya que en la letra original los recursos estaban atados a la deuda y además no eran de libre disponibilidad, una condición que se habilitó conforme avanzó la negociación.
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