Identifican a otras 19 víctimas en el Pozo de Vargas

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) identificaron los restos de otras 19 personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado sepultadas en el Pozo de Vargas, la fosa común clandestina que la dictadura cívico militar -y antes los militares del Operativo Independencia- utilizaron para desaparecer personas. Los nombres elevaron el listado de personas sepultadas en el pozo a 105, y aún está pendiente que el Concejo de la Magistratura habilite las partidas para trabajar sobre otra porción de terreno del predio ubicado en las afueras de la capital tucumana.

Las víctimas identificadas fueron Armando Archetti, Dardo Exequiel Arias, Julio César Campopiano, René Armando Castellano, Alba Luz Consentino, Federico Aldolfo Furth, Néstor Ubaldo Herrera, María Trinidad Iramain, Félix Daniel López, Angel Vicente Manfredi, Julio Antonio Martín y Angel Alfonso Madina. También Humberto Rubén Ponce, Pedro Rodoletto, María Teresa Sánchez, Juan Carlos Trejo y Hugo Arnaldo Vega. Los antropólogos, además, identificaron restos de Ricardo Alberto Pisculichi o de su hermano Rolando Jesús Pisculichi, quienes son indistinguibles desde el punto de vista genético.

El Pozo de Vargas es un viejo pozo de agua ubicado en un descampado localizado en Tafí Viejo, a unos seis kilómetros del centro de la capital San Miguel de Tucumán, que los genocidas convirtieron en una fosa común para ocultar sus crímenes. Ese destino le fue otorgado antes de la dictadura, cuando en 1975 el Ejercito Argentino llevó a cabo en esa provincia el Operativo Independencia, que tuvo el objetivo de exterminar la guerrilla y fue el preludio del terrorismo de Estado que se extendería a toda el país el 24 de marzo de 1976. La tumba clandestina funcionó hasta 1979 y en 2015 fue declarado sitio de Memoria.

Las identificaciones se produjeron mientras se lleva a cabo el juicio por la megacausa Operativo Independencia, que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán comenzó el 5 de mayo del año pasado contra diez ex militares, nueve ex policías y un ex gendarme por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 270 víctimas.

El fiscal federal Pablo Camuña, coordinador de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Tucumán, recordó que en ese debate el jueves declaró el perito Ruy Zurita, integrante del CAMIT, y en su presentación sobre el trabajo realizado en el Pozo de Vargas confirmó que “se recuperaron 37.000 fragmentos de restos óseos”, así como «más de 100 proyectiles, prendas de vestir, anillos y vendas”.

Camuña también recordó lo dicho sobre que los equipos de antropología forense habían logrado identificar en el Pozo a 87 víctimas de desaparición forzada, de las cuales cerca de 20 fueron asesinadas antes del golpe de Estado. Y resaltó un dato: “alrededor de 30 individuos y perfiles genéticos no dieron aun resultado en los cruces con el Banco Nacional de Datos Genéticos“.

El firscal recordó que Zurita le dijo al tribunal que “para esconder el pozo se usaron 160 camiones de escombros, se encontraron restos de ácido, cal y uso de fuego», y que aún resta trabajar “sobre los últimos 7 metros del Pozo de Vargas», para lo cual aclaró que el Consejo de la Magistratura debe habilitar los fondos.