Impericia y encubrimiento, las sombras tras el brutal crimen de Araceli Fulles

El Estado es responsable. Tres policías de la Comisaría 5ª de San Martín, la misma donde la familia de Araceli Fulles denunció su desaparición hace casi un mes, fueron apartados y están siendo investigados por su presunta colaboración en el ocultamiento del brutal femicidio de la joven. La casa donde encontraron sus restos, enterrados bajo una losa, ya había sido allanada sin éxito. La fiscal del caso, Graciela López Pereyra, había interrogado tres veces –la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo– al principal sospechoso, permitiéndole ser por algunas horas el prófugo más buscado del país. Un descuido que indigna todavía mas al recordar que la primera línea de investigación propuesta fue que la joven «se había ido de gira y ya iba a volver». Al cabo la encontró un perro, indiferente a toda la torpeza institucional que decidió la suerte de Araceli. 

El jueves a la tarde, Halcón, un ovejero belga del escuadrón K9 de los Bomberos Voluntarios de Punta Alta, marcó con insistencia la casa de Alfonsina Storni 4477, en José León Suárez, a unas 15 cuadras de donde vivía Araceli y a menos de diez del lugar donde en ese momento sus familiares y amigos aún repartían volantes con su rostro. La propiedad apuntada por el can pertenece a la madre de Darío Gastón Badaracco, 29 años, el mismo que le contó a la fiscal que tuvo sexo con Araceli en un camión que usa para trabajar durante la última noche en que se la vio con vida. 

El lugar ya había sido allanado sin resultados pero la obstinación de Halcón obligó a los agentes a romper la carpeta de cemento reciente sobre la que habían levantado una casilla. De acuerdo a las fuentes, el cuerpo fue encontrado «en posición decúbito dorsal a 35 centímetros de profundidad». Más tarde la autopsia confirmó que Araceli fue estrangulada con un lazo en una fecha cercana a su desaparición. En la casa también había elementos compatibles con esas marcas que presentaba el cadáver: precintos de ferretería Cuando los agentes de la DDI de San Martín fueron a buscar a Badaracco al corralón donde trabaja, ya no lo encontraron. 

Fue durante la noche del viernes, mientras en una de las salas de la cochería Santa Lucía, en Billinghurst, velaban los restos de Araceli, que Gendarmería arrestó al principal sospechoso del asesinato. Lo arrinconaron en la esquina de Cobo y Curapaligüe, en el Bajo Flores. Llevaba una bolsa con ropa que podría pertenecer a Araceli. Nancy, una vecina, madre de dos chicos y embarazada de cuatro meses, lo reconoció a partir de las imágenes que desde la tarde ya mostraba la tevé y avisó a un grupo de gendarmes que patrullaban la zona. No le llevaron el apunte. Volvió e insistió hasta convencerlos. «Estaba sucio y como desconcertado», lo describió Nancy. Al rato el Ministerio de Seguridad informaba sobre la captura, lograda –fantasearon– gracias a un esquema de búsqueda diseñado por la propia ministra Patricia Bullrich y que nunca existió. Lo que no le impidió a la funcionaria sumarse a las críticas a la fiscal de la UFI 2: “Tendrá que repasar sus tareas”, dijo. Al cierre de esta edición, López Pereyra indagaba a Badaracco en los Tribunales de San Martín, y todo indicaba que el principal sospechoso por el femicidio se negaría a declarar.

Por el caso ya estaban detenidos y acusados de homicidio agravado los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos, Marcos Ibarra y Carlos Damián Alberto Cassalz, este último dueño del corralón que empleaba al principal sospechoso y con dos causas a cuestas por secuestros extorsivos. El jueves también fueron arrestados dos compañeros de trabajo, Hugo Martín Cabanas y Marcelo Ezequiel Escobedo, sospechados de encubrirlo para que pudiera huir. 

En paralelo, Asuntos Internos separó de sus cargos a tres efectivos, uno de los cuales es hermano de dos de los detenidos: Elián Ismael Avalos, integrante del Comando de Patrullas de Tres de Febrero, quien podría haber advertido a Badaracco que iban a detenerlo. Los otros agentes desafectados son el subcomisario Hernán Humbert, titular de la Comisaria 8° de San Martín, y el oficial principal José Gabriel Herlein, de la 5°, ambos estaban a cargo del infructuoso rastrillaje para buscar a Araceli.

Ineficacia y saña

¿Cómo se explica que una chica de 22 años que sale de su casa para ir a un asado con amigos se convierta, un mes después, en la noticia de un cuerpo maltratado por el peso de los escombros, con la piel ulcerada por la cal? Una respuesta posible –si es que lo irracional se puede analizar– es el montaje perverso de ineficacia y saña. El 17 de abril, Badaracco, casado y padre de dos hijos, reconoció ante la fiscal López Pereyra que había estado con Araceli antes de su desaparición. Después, sólo tuvo que aclarar que la vio irse sola a su casa de Villa Ballester porque no aceptó que él la acompañara. La justicia, sin más, le creyó. Badaracco habrá sonado muy convincente para que no pesaran sus antecedentes por tentativa de robo en 2012, encubrimiento en 2013 y robo en 2014, todos en el partido de San Martín. “La fiscal no sabe ni dónde está parada, no supo nunca”, se había quejado Ricardo Fulles, el papá de Araceli, al ser notificado del hallazgo del cadáver.

La primera hipótesis de trabajo de la fiscal consistió en no investigar nada. “Se fue de gira”, instaló, basándose en prejuicios sobre la conducta de la joven. La segunda propuso que se había fugado tras una discusión familiar y que iba hacia Brasil en compañía de un hombre. Lòpez Pereyra no sólo demoró en cambiar la carátula de “búsqueda de persona” por la de “desaparición forzada”. Tampoco solicitó la colaboración a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), ante la perspectiva de que fuera un caso de trata.

Cuando esas pista cayeron, la fiscal decidió investigar a la familia de Araceli, hipótesis que profundizaba cuando se supo donde estaba enterrada. «La fiscal trabajó mal desde el principio. Ella pensó que era una película. A mi hija la agarró una banda de degenerados. Si no fuera por nosotros, por lo que nos movimos, no la hubieran encontrado”, se descargó Fulles.

Entre los múltiples huecos que dejó la investigación aún queda determinar si las dos palabras –“Ayuda” y “Ara”– escritas en un trozo de papel higiénico hallado en el baño de la obra en construcción de la casa donde se encontró el cuerpo, eran, efectivamente, un pedido de auxilio. De confirmarse, indicarían que la joven estuvo cautiva, algo que confrontaría con la data de muerte aportada por las primeras pericias. Tampoco se sabe si el homicidio fue cometido allí o si el o los asesinos se tomaron el trabajo de trasladar el cuerpo, antes de enterrarlo.

«No se merecía terminar como terminó. Pedimos que nos respeten y que la respeten, ella sobre todo era una mujer, queremos que nos dejen de matar, no somos cualquier cosa, no somos un pollo para que nos descuarticen, nos maten y nos tiren”, explotó Gisele, prima de Araceli, cuando el cortejo fúnebre llegó al cementerio de San Martín. Muy cerca de ahí, en una calle de Billinghurst, las flores se amontonaban sobre un cártel pegado durante las marchas que se realizaron en el barrio. “Negrita baila hasta la eternidad”, escribió alguien con un marcador, justo debajo de la foto donde destaca la sonrisa de Araceli. «

Por inacción o por encubrimiento, tres casos que también sembraron dudas sobre los policías

Micaela García: El cuerpo de la joven entrerriana, de 21 años, fue hallado el pasado 8 de abril en un descampado de las afueras de Gualeguay. Hacía más de una semana que la buscaban. Por el hecho fue detenido Sebastián Wagner, quien confesó el crimen y ya tenía una condena por violación. Un juez de Ejecución Penal le había otorgado la libertad anticipada. En la causa también se imputó a Fabián Ehcosor, pareja de la madre de Wagner, por presunto «encubrimiento agravado» por ser miembro de una fuerza de seguridad. Ehcosor, que habría ayudado a Wagner a escapar, es suboficial retirado del Ejército y miembro de la Policía local del partido de Malvinas Argentinas. 

Melina Romero: Fue vista con vida por última vez el 24 de agosto de 2014, cuando salió del boliche «Chankanab», en San Martín, adonde había ido a festejar sus 17 años. Un mes después fue hallada asesinada a orillas del arroyo Morón, a pocos metros del predio de la Ceamse, en José León Suárez. El letargo policial no permitió encontrar los rastros en su cuerpo que daban cuenta de la violencia sexual que vivió. Se borraron huellas por la putrefacción del cuerpo. Hubo estudios de ADN e hisopados que no pudieron hacerse. Y la investigación volvió a foja cero. La fiscalía adujo que no tenía pruebas para impulsar la acusación contra los tres imputados.

Candela Rodríguez: Por estos días se desarrolla en los Tribunales de Morón el juicio por el crimen de Candela Sol Rodríguez, ocurrido hace cinco años. La investigación paralela realizada por una comisión especial del Senado provincial determinó que «el espectacular accionar policial durante la búsqueda tuvo como objetivo responder a la presión mediática y desviar la investigación del verdadero territorio en que se desarrollaba el caso». Se sabe que San Martín es un territorio complejo y que algunas comisarías de la zona –como la de Billinghurst, nuevamente en el centro de la escena– tienen vínculos con las bandas de narcos.

Una cada 25 horas

Según el Registro Nacional de Femicidios que realiza MuMaLá, a partir del relevamiento y análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, entre el 1 de enero y el 27 de abril de 2017 hubo en el país 111 femicidios, uno cada 25 horas. 

Las jóvenes son las que más sufren esta epidemia de violencia: en los últimos nueve años hubo 329 mujeres asesinadas de entre 16 y 21 años.