La importancia del voto de octubre

El gobierno está decidido a tratar de evitar que de acá a octubre se registren perturbaciones económicas que puedan alterar el ánimo de la ciudadanía a la hora de votar.

Así, mientras que para controlar la inflación liberaliza importaciones y mantiene un tipo de cambio sobrevaluado (afectando la producción y el empleo local), en paralelo, tratando que cierre el programa económico y de cumplir con el FMI, busca dólares para las Reservas Internacionales por distintas vías. Entre ellas, además del “blanqueo” que acaba de terminar, de la nueva deuda con el Fondo y otros organismos, y del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, que comenté una semana atrás, está la emisión de nueva deuda adjudicada a no residentes.

Al respecto, la actual administración nacional celebró la colocación de un nuevo bono por 1000 millones de dólares en el mercado internacional (por primera vez después de siete años), que se suscribió en dólares pero se pagará en pesos. Si bien el nuevo bono es a cinco años, a los acreedores se les blindó la salida a través de la posibilidad de desarmar sus posiciones en mayo de 2027, antes que termine el mandato de Javier Milei.

En esta oportunidad, el mercado esperaba una tasa de entre 22% y 26%, y terminó siendo de 29,5% (una tasa efectiva del 31,7%), un rendimiento muy alto, que además no está alineado con el discurso del gobierno, que promete que a mediados del año que viene se terminará la inflación en la Argentina. De ser ésa la proyección que tienen en mente, no se debería convalidar, como ocurrió en la licitación, una tasa tan elevada. Es sabido que a mayor gasto de intereses más grande será el recorte que sufrirán ítems como las jubilaciones, la ciencia, los hospitales, etc., como forma de mantener a raya el declarado superávit fiscal.

La cotidiana batalla cultural

En la pulseada por el predominio de las ideas es donde se construye el humor social que, entre otras cosas, incidirá en la correlación de fuerzas, en los cambios en la composición del Parlamento y en el avance –o no— de determinado modelo económico y social.

El propio presidente, Javier Milei, había afirmado ya en diciembre de 2024, ante un auditorio reunido en la Conferencia de Acción Política Conservadora en el Hotel Hilton: “no alcanza como pasó en los ’90 con gestionar bien, no alcanza con organizarse políticamente, es necesario también dar la batalla cultural”.

En los más diversos campos se expresa la batalla cultural. Por ejemplo, se anunció que desde julio la señal infantil Paka Paka tendrá algunos cambios en su programación, con la incorporación de dibujos animados que apuntan a legitimar el discurso libertario. Una de sus principales novedades es la inclusión de una serie animada estadounidense (Tuttle Twins), protagonizada por mellizos que viajan por el tiempo y el espacio con su abuela y su tío para conocer personajes históricos y aprender sobre “la libertad económica y el anticomunismo”. Bien lejos de ser una programación “sin bajada ideológica”, tal como anunció el gobierno.

La batalla cultural se da cotidianamente. Días atrás, un grupo de jubilados/as destacaba que a pesar de estar en la vereda y no en la calle, los reprimían. Pero eso es algo que no puede pasar en ningún lugar.

Algo similar ocurrió el 12 de marzo en otra marcha de los jubilados. Las fuerzas de seguridad reprimieron con gases y balas de goma a adultos mayores, trabajadores de prensa, sindicatos y simpatizantes de clubes. Entre los hechos más violentos, ocurrió el disparo de una cápsula de gas lacrimógeno que dejó al fotoperiodista Pablo Grillo al borde de la muerte.

Sobre este hecho de violencia se escuchó: “tiraron en línea recta y no en 45 grados como dice el protocolo”. Es cierto que si tiran en línea recta es peor que si tiran en 45 grados. El tema es que no se debe consentir que las fuerzas de seguridad repriman a ciudadanos que se manifiestan por sus derechos.

En el plano de las resistencias, no hay que dejar de buscar denominadores comunes. Es bastante usual observar que los sectores afectados por un recorte de derechos circunscriban su lucha a una reivindicación puntual. Pero la lucha se debilita cuando se pasa por alto que el problema es de modelo, que el ajuste afecta a todos y no tiene fin. Que lo que les ocurre a los trabajadores del Hospital Garrahan y a los científicos del Conicet no es muy distinto a lo que les pasa a los jubilados, a las PyMEs, a los productores yerbateros de Misiones, o a los productores de peras del Sur. Cuando entran productos importados que compiten con los que aquí se fabrican, o cuando el turismo se realiza en el exterior, se abren menos posibilidades de empleo y de consumo.

Como vengo sosteniendo, todo se resume en la frase del presidente: “soy un topo infiltrado en el Estado para destruirlo desde adentro”, que encierra una profunda convicción de un modelo de país sin Estado y en el que si algo “no es negocio” para el sector privado, entonces “no hace falta”. Esa es la ideología de fondo que subyace y que atraviesa a todas estas cuestiones.

En materia parlamentaria, se volvió a presentar un pedido de sesión para el miércoles que viene, 4 de junio, con la mayoría de los temas que no se pudieron debatir por falta de quórum el 21 de mayo pasado. Los proyectos a tratar son: el incremento excepcional de emergencia equivalente al 7,2% para las jubilaciones y pensiones, además de la actualización del bono de 70.000 pesos que reciben los haberes mínimos y que se encuentra congelado hace un año. También está el Plan de pago de deuda previsional (moratoria) y Ley 27.260 de reparación histórica para jubilados y pensionados, la Emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 y la declaración de zona de emergencia en situación de catástrofe durante el término de 180 días en un conjunto de municipios del norte de la Provincia de Buenos Aires.

Si se consigue quórum (y el gobierno hará todo lo que esté a su alcance para que no suceda), seguramente se va a lograr que se aprueben los temas en consideración. Los proyectos seguirán su curso; tendrán que ir al Senado y si se aprueban después se verá si el Presidente los veta, como lo ha anticipado el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Si ello ocurre, vendrá el nuevo tratamiento parlamentario para ver si se ratifica el veto, que exige que más de un tercio de la Cámara de Diputados apoye la decisión del Poder Ejecutivo.

Si el poder de veto impide que se aprueben iniciativas favorables a gran parte de la ciudadanía, habrá que redoblar los esfuerzos para que a partir de octubre esta herramienta deje de ser utilizable. La modificación de la correlación de fuerzas en el Parlamento también permitirá ponerle un freno al uso del decreto como instrumento legal que le otorga cobertura a las actuales políticas, una práctica que el gobierno, tal como está anunciando, buscará profundizar luego de las elecciones legislativas. «