Desde la organización popular piden ayuda con extrema urgencia para que no encarcelen a los referentes sociales que luchan por los derechos del pueblo jujeño.

“Comenzamos a ser juzgados este jueves a la tarde por una serie de imputaciones que nos hicieron el 30 de noviembre de 2021 con el Código Contravencional del gobernador, ese día nosotros habíamos movilizado junto a dos organizaciones sociales amigas y compañeras”, recordó Miguel Ramos, uno de los referentes del Partido Político AJI20 y su expresión territorial Asamblea Trabajo y Dignidad que está siendo enjuiciado, en diálogo con Tiempo. Siguió relatando que aquella vez “fuimos brutalmente reprimidos a palazos, a punta de escopeta y con el Código de Morales bajo el brazo”.
“El juicio se hace en el Juzgado Contravencional N°1 que fue creado por Morales hace unos cuantos años para someter al pueblo jujeño y amedrentar a la militancia”, señaló el referente popular. También se quejó de que cuando fueron a declarar el pasado 9 de marzo el fiscal “no respetó nuestro derecho de poder fundamentar sobre lo que sucedió aquel día que nos reprimieron y nos armaron las causas, además cuando salimos de la audiencia nos echaron a los golpes y nos amenazaron”, denunció.
“Recuerdo que aquella marcha que hicimos el 30 de noviembre del 2021, fue para reclamar trabajo genuino, un salario digno, nos cansamos, por eso dijimos basta de planes sociales y bolsones de mercadería, porque para nosotros eso es una estrategia de los del poder políticos que nos someten al hambre y la miseria todo el tiempo”, subrayó Ramos. En aquel momento también “imputaron a mi compañera de militancia Gabriela Garzón y a dos miembros de otras organizaciones que son hermanas nuestras”.
“Además de todo esto sufrimos distintos tipos de aprietes, amenazas, acusaciones gratuitas, causas penales armadas por la justicia del gobernador radical que se maneja con total impunidad”, aseguró el dirigente popular a este diario. “Es vergonzoso lo que nos propusieron cuando fuimos a declarar el 9 de marzo, nos dieron dos opciones, una es que paguemos una multa de 40 mil pesos en cuotas -les dijo el fiscal- y que así nosotros aceptaríamos que habíamos cometido un delito en ese momento que realizamos la protesta social pidiendo por los derechos del pueblo jujeño”, agregó.
“Estamos acusados de obstaculizar el tránsito vehicular, eso acá es un delito para el déspota Morales y la justicia que él maneja como quiere”, señaló Ramos. La otra opción que les dio el fiscal fue ejercer el derecho a la “defensa a partir de que nosotros presentemos las pruebas que demuestren nuestra inocencia respecto a ese supuesto delito que hemos cometido, cuando movilizamos lo único que hicimos fue pedir un salario justo por todas las necesidades que padecemos a diario”.
“Por supuesto que nosotros elegimos esta última opción que nos dio el magistrado, porque no vamos a aceptar de ninguna manera que la protesta social es un delito, nuestra defensa está basada en los hechos inhumanos concretos que vivimos a diario por la injusticia que nos impones”, aseveró el referente. Continuó contando que tienen sueldos muy bajos y que “no llegamos a cubrir ni la canasta básica de alimentos, un docente tampoco llega, estamos muy lejos de tener un ingreso que pueda suplir esta necesidad tan importante. Mientras tanto, la terrible inflación y los precios de los productos que suben todo el tiempo nos ahoga aún más”, expresó.
“La justicia de Morales nos lleva a juicio injustamente este jueves a partir de las 15 horas, necesitamos ayuda con extrema urgencia para que no nos metan a la cárcel”, imploró a la sociedad el dirigente popular Ramos. Pero de todos modos “nosotros vamos a seguir luchando por los derechos del pueblo, porque creemos en lo que hacemos, tenemos fe en nuestra militancia, porque sentimos amor por nuestro querido pueblo jujeño que padecen miles de necesidades y distintos tipos de violencias todo el tiempo”, finalizó.
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